En medio de la investigación conocida como la trama bielorrusa, Codelco presentó una querella criminal contra la exministra de la Corte Suprema Ángela Vivanco, su pareja Gonzalo Migueles, y otros cinco imputados por delitos de cohecho agravado, soborno y lavado de activos, luego de que el Ministerio Público expusiera antecedentes que, según la estatal, confirman un "patrón de comportamiento" de intervenciones irregulares que terminaron obligando a la cuprera a pagar más de $ 17 mil millones al Consorcio Belaz Movitec (CBM).
En detalle, la querella apunta a Vivanco y Migueles, en calidad de autores de los delitos de cohecho agravado y lavado de activos; a los abogados Carlos Eduardo Lagos Herrera y Mario Andrés Vargas Cociña, en calidad de autores de los delitos de soborno y lavado de activos; y contra el conservador de Bienes Raíces de Puente Alto, Sergio Rodrigo Yáber Lozano; el conservador de Bienes Raíces de Chillán, Yamil Abraham Anton Najle Alee, y el dueño de una casa de cambios Harold Pizarro Iturrieta, en calidad de autores del delito de lavado de activos en su modalidad culposa.
La acción judicial -presentada el sábado 15 de noviembre y declarada admisible este martes por el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago- apunta a que las actuaciones de la exministra habrían favorecido reiteradamente al consorcio representante de la maquinaria bielorrusa, acelerando resoluciones y alterando el trámite de un recurso clave interpuesto por Codelco en 2023.

ÁNGELA VIVANCO, EX JUEZA DE LA TERCERA SALA DE LA CORTE SUPREMA. FOTO: ATON
Según detalla la querella, las intervenciones descritas por la Fiscalía en la reciente formalización de los abogados Mario Vargas, Carlos Lagos y del contador Gonzalo Migueles Oteiza, coincidirían con las irregularidades advertidas por la estatal desde el inicio del litigio contra CBM. Entre ellas, Codelco acusa que Vivanco “efectuó gestiones para que la sala conociera de la orden de no innovar y del fondo del recurso (…) sin que el presidente de la Corte Suprema hubiese dictado la resolución respectiva”, y que incluso ordenó “la dictación de una resolución intentando validar el conocimiento del fondo del asunto sin el previo decreto que ordenaba dar cuenta”.
El texto agrega que las actuaciones de la exministra constituyen “infracciones a los deberes de su cargo ejecutadas a cambio de beneficios económicos entregados a ella y/o a su pareja”, según la evidencia expuesta en la formalización.
Uno de esos episodios, calificado por la Fiscalía como decisivo, es la serie de depósitos en efectivo que recibió la pareja de la exministra días después de que Codelco pagara miles de millones de pesos al consorcio. La querella reconstruye el flujo de esos montos: pagos efectuados por Movitec al estudio jurídico de Vargas y Lagos, que luego habrían sido derivados hacia la cuenta de Migueles mediante operaciones atribuidas al conservador de Bienes Raíces de Puente Alto Sergio Yáber, el conservador de Chillán Yamil Najle, y el dueño de una casa de cambios Harold Pizarro, todos querellados por lavado de activos en su modalidad culposa.
Codelco recordó que fue reconocida como víctima en la causa abierta de oficio por el fiscal nacional en septiembre de 2024 y que ha colaborado activamente en la investigación aportando antecedentes y solicitando diligencias que, según la empresa, dieron origen a las principales líneas perseguidas hoy por el Ministerio Público.
La querella reconstruyó la ruta del dinero: la serie de depósitos en efectivo que recibió la pareja de la exministra Ángela Vivanco inmediatamente después de que Codelco pagara miles de millones de pesos a la firma CBM.
Con esta querella, la firma liderada por Máximo Pacheco indicó que busca ejercer todas las facultades que la ley otorga a los querellantes para que se determinen las responsabilidades penales por los delitos de cohecho agravado, soborno y lavado de activos -además de los que puedan surgir- en un caso que ha remecido al Poder Judicial y al sector minero, y que mantiene bajo escrutinio la operación del consorcio ligado a la industria bielorrusa.
La estatal afirmó que actuará con “el máximo rigor” para defender la fe pública y proteger los recursos de todos los chilenos.