La resolución que dejó en prisión preventiva a los abogados del Consorcio Balez Movitec (CBM), Mario Vargas y Eduardo Lagos, y a Gonzalo Migueles, pareja de la exministra Ángela Vivanco, marcó un punto de inflexión para Codelco, que reforzó su tesis de que fue víctima de un esquema coordinado para manipular fallos judiciales y defraudar a la estatal por cerca de US$20 millones.
Tras la audiencia, el abogado de la cuprífera, Julián López, sostuvo que la decisión del tribunal confirma la magnitud del caso y la gravedad de lo ocurrido. “La jueza ha dicho que el fantasma de la corrupción en el Poder Judicial ha dejado de ser un fantasma, y eso marca un antes y un después”, afirmó. A su juicio, el episodio constituye “el atentado más grave contra la credibilidad del sistema de administración de justicia”.
Según López, el perjuicio a la estatal no es una consecuencia indirecta, sino el resultado directo de una estructura ilícita, “dos abogados formaron una asociación delictiva con una ministra de la Corte Suprema y con un operador, a partir de lo cual arrebataron al patrimonio de Codelco —y con ello de todos los chilenos— una suma cercana a veinte millones de dólares”, sostuvo.
En su declaración pública, los abogados de la empresa agregaron que la causa revela “una relación corrupta entre abogados y una ministra que traficaron influencias para enriquecerse ilícitamente”, calificando la evidencia como “contundente” y asegurando que se trata de “un caso de corrupción pública sin precedentes” que dañó tanto el patrimonio estatal como la fe pública.
La Fiscalía por su parte respalda la tesis y aseguró que “se pagó por resoluciones judiciales favorables”. La fiscal regional Carmen Gloria Wittwer también celebró que la jueza diera por acreditados no sólo los hechos imputados, sino también la participación de los acusados, “estamos conformes con la resolución. Se vulneró la confianza de la ciudadanía en la justicia, uno de los bienes jurídicos más valiosos”, enfatizó.
La persecutora recalcó que el fallo valida la hipótesis del Ministerio Público, "se pagó por la dictación de resoluciones favorables a una de las partes. Eso es extremadamente grave para el sistema de justicia, y así lo recogió la magistrada”, dijo.
Sobre la situación de la exministra Vivanco, Wittwer explicó que ya se ingresó la querella de capítulos, paso previo a una posible formalización, “si el tribunal de alzada acoge la querella, podremos recién formalizar y pedir cautelares respecto de ella”, aseguró.
El CDE tambien lo calificó de gravedad, “este es uno de los casos más graves de corrupción”. La abogada del Consejo de Defensa del Estado, Luppy Aguirre, coincidió en que la medida cautelar es proporcional al daño causado. “Nos parece absolutamente proporcional… este es uno de los casos más graves de corrupción, y los antecedentes presentados son más que suficientes para adoptar una medida tan gravosa”, afirmó.
Aguirre también valoró la contundencia con que el tribunal abordó la responsabilidad de la exministra, pese a que su eventual formalización depende del avance del trámite en la Corte de Apelaciones, “la acreditación que ha dado la magistrada demuestra la solidez de los hechos y permite avanzar en el trámite de la querella de capítulos”.
Los tres imputados quedaron en prisión preventiva por los delitos de cohecho, soborno y lavado de activos, con un plazo de investigación fijado en 90 días, que podrán cumplir en el anexo Capitán Yáber.
En su declaración pública, los abogados de Codelco sintetizaron el espíritu del caso, “aquí hay corrupción pura y dura. Los delitos cometidos son un ataque a la línea de flotación del sistema judicial”. Afirmaron que existe una estructura organizada, "una red de amistades destinada a intercambiar favores y pagos fraudulentos que afectaron a Codelco y a todos los chilenos”.
Con la prisión preventiva decretada y la querella de capítulos contra Vivanco en tramitación, el caso entra en una fase de mayor profundidad investigativa. Tanto Codelco como el Ministerio Público y el CDE esperan nuevas diligencias, posibles ampliaciones de formalización y eventuales derivados en otras reparticiones del sistema judicial.
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