La resolución que dejó en prisión preventiva a los abogados del Consorcio Balez Movitec (CBM), Mario Vargas y Eduardo Lagos, y a Gonzalo Migueles, pareja de la exministra Ángela Vivanco, marcó un punto de inflexión para Codelco, que reforzó su tesis de que fue víctima de un esquema coordinado para manipular fallos judiciales y defraudar a la estatal por cerca de US$ 20 millones.
Tras la audiencia, el abogado de la cuprífera, Julián López, sostuvo que la decisión del tribunal confirma la magnitud del caso y la gravedad de lo ocurrido. “La jueza ha dicho que el fantasma de la corrupción en el Poder Judicial ha dejado de ser un fantasma, y eso marca un antes y un después”, afirmó. A su juicio, el episodio constituye “el atentado más grave contra la credibilidad del sistema de administración de justicia”.
Según López, el perjuicio a la estatal no es una consecuencia indirecta, sino el resultado directo de una estructura ilícita, “dos abogados formaron una asociación delictiva con una ministra de la Corte Suprema y con un operador, a partir de lo cual arrebataron al patrimonio de Codelco —y con ello de todos los chilenos— una suma cercana a veinte millones de dólares”, sostuvo.
En su declaración pública, los abogados de la empresa agregaron que la causa revela “una relación corrupta entre abogados y una ministra que traficaron influencias para enriquecerse ilícitamente”, calificando la evidencia como “contundente” y asegurando que se trata de “un caso de corrupción pública sin precedentes” que dañó tanto el patrimonio estatal como la fe pública.
La Fiscalía por su parte respalda la tesis y aseguró que “se pagó por resoluciones judiciales favorables”. La fiscal regional Carmen Gloria Wittwer también celebró que la jueza diera por acreditados no sólo los hechos imputados, sino también la participación de los acusados, “estamos conformes con la resolución. Se vulneró la confianza de la ciudadanía en la justicia, uno de los bienes jurídicos más valiosos”, enfatizó.
La persecutora recalcó que el fallo valida la hipótesis del Ministerio Público, "se pagó por la dictación de resoluciones favorables a una de las partes. Eso es extremadamente grave para el sistema de justicia, y así lo recogió la magistrada”, dijo.
Sobre la situación de la exministra Vivanco, Wittwer explicó que ya se ingresó la querella de capítulos, paso previo a una posible formalización, “si el tribunal de alzada acoge la querella, podremos recién formalizar y pedir cautelares respecto de ella”, aseguró.
El CDE tambien lo calificó de gravedad, “este es uno de los casos más graves de corrupción”. La abogada del Consejo de Defensa del Estado, Luppy Aguirre, coincidió en que la medida cautelar es proporcional al daño causado. “Nos parece absolutamente proporcional… este es uno de los casos más graves de corrupción, y los antecedentes presentados son más que suficientes para adoptar una medida tan gravosa”, afirmó.
Aguirre también valoró la contundencia con que el tribunal abordó la responsabilidad de la exministra, pese a que su eventual formalización depende del avance del trámite en la Corte de Apelaciones, “la acreditación que ha dado la magistrada demuestra la solidez de los hechos y permite avanzar en el trámite de la querella de capítulos”.
Los tres imputados quedaron en prisión preventiva por los delitos de cohecho, soborno y lavado de activos, con un plazo de investigación fijado en 90 días, que podrán cumplir en el anexo Capitán Yáber.
En su declaración pública, los abogados de Codelco sintetizaron el espíritu del caso, “aquí hay corrupción pura y dura. Los delitos cometidos son un ataque a la línea de flotación del sistema judicial”. Afirmaron que existe una estructura organizada, "una red de amistades destinada a intercambiar favores y pagos fraudulentos que afectaron a Codelco y a todos los chilenos”.
Con la prisión preventiva decretada y la querella de capítulos contra Vivanco en tramitación, el caso entra en una fase de mayor profundidad investigativa. Tanto Codelco como el Ministerio Público y el CDE esperan nuevas diligencias, posibles ampliaciones de formalización y eventuales derivados en otras reparticiones del sistema judicial.
La resolución completa de la jueza Patricia Michelle Ibacache profundizó todavía más la dimensión del caso y permitió establecer, según sus propias palabras, que “el fantasma de la corrupción dentro del Poder Judicial ha dejado de ser una idea etérea para transformarse en una realidad constatada durante esta audiencia”. La magistrada describió un entramado de irregularidades cometido en pleno funcionamiento de la Corte Suprema, en el cual la exministra Ángela Vivanco habría actuado “con infracción de los deberes de su cargo” al intervenir en causas que beneficiaron directamente al Consorcio Belaz Movitec.
En el fallo, la jueza detalló paso a paso las anomalías detectadas en la tramitación de los recursos de protección y de queja que favorecieron a CBM. Señaló que se dictaron resoluciones sin el decreto de “dése cuenta” exigido por la ley, que se conoció del fondo de causas sin que estuviera ordenado por la presidencia del tribunal y que incluso se enmendaron resoluciones “sin petición de parte alguna”, todo lo cual calificó como un conjunto de actuaciones que “tiñeron de ilegalidad todo el proceso”. A ello sumó que la exministra omitió informar su propia inhabilidad respecto de los abogados Vargas y Lagos, pese a que —advirtió— existía al menos “la mínima posibilidad de que su imparcialidad fuera cuestionada”, vulnerando así el principio de transparencia judicial.
La jueza también incorporó en su análisis la evidencia financiera reunida por la Fiscalía. Sostuvo que las georreferencias, los movimientos bancarios y la compra de dólares observados en los días inmediatos a los fallos “permiten presumir fundadamente” que la exministra recibió pagos ilícitos por sus decisiones judiciales. Sobre el primer pago asociado al fallo del 4 de julio de 2023, afirmó que la propia secuencia temporal demuestra un interés económico, “la coincidencia horaria entre Vivanco y Vargas en las inmediaciones de la oficina, junto con la venta de US$ 15.600 por parte del imputado Migueles al día siguiente, carecen hasta ahora de una explicación plausible distinta a la imputación del Ministerio Público”. Respecto de los pagos posteriores, añadió que la trazabilidad de un cheque por $ 70 millones convertido en dólares y entregado en mano, así como el pago de $ 45 millones efectuado en junio de 2024, “confirman un patrón que trasciende cualquier justificación profesional”.
Ibacache sostuvo que los involucrados “se han reído de todo un país”, actuando socialmente mientras sus fallos estaban en curso en los tribunales superiores. Agregó que sus conductas “enlodaron la probidad, la integridad y la lealtad de los funcionarios públicos”, generando un daño directo a la confianza ciudadana, al punto de afirmar que si este caso no representa un peligro para la seguridad de la sociedad, “entonces no sé qué otro hecho podría afectarla de una manera tan directa”.
La magistrada concluyó que los dineros obtenidos a través de estas operaciones -pagos ordenados mediante resoluciones irregulares y posteriormente retirados, cambiados o redirigidos a cuentas personales- configuran activos provenientes de delitos previos, lo que habilita la imputación de lavado de activos a los tres acusados. A su juicio, sin la intervención ilícita en los fallos, “no se habrían generado los pagos millonarios” que alimentaron la cadena de transacciones identificadas.
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