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Alto contrasteCrisis laboral
A siete meses de término del Gobierno, resulta difícil sostener que la crisis del mercado laboral no guarde relación con las políticas impulsadas por la actual administración. Con más de 30 meses consecutivos con tasas de desocupación por sobre 8%, sin haber enfrentado eventos críticos -como la pandemia o desastres naturales de gran magnitud- y habiendo asumido con tasas de desocupación inferiores, cuesta entender la falta de urgencia en resolver no solo la profundización del desempleo, sino la nula creación de plazas laborales en el último trimestre.
De acuerdo con las última cifras informadas por el INE, en abril-junio la tasa de desocupación se situó en 8,9%, seis décimas por sobre el año previo, lo que representa no solo el peor registro desde febrero-abril de 2021, sino desde 2010, si se excluye la pandemia. Más de 900 mil personas están desempleadas en el país, lo que significó un alza de 7,2%. Y de los 61 mil nuevos desocupados, el 87% correspondió a trabajadores con educación terciaria universitaria o superior. La tasa de desempleo femenino se empinó casi a los dos dígitos, con 9,9%, mientras que el de los hombre llegó a 8,1%, dos décimas por sobre el trimestre anterior. En este panorama, el dato que reflejó con mayor crudeza el problema fue la creación de empleos: solo 141 plazas de trabajo en un año, menos de la capacidad de pasajeros de un vagón de metro.
La pérdida de dinamismo de la economía -con un PIB potencial que apenas bordea el 2%- ha tenido impacto directo sobre el empleo, pero en ello también ha repercutido todo un ciclo de reformas impulsado durante los últimos años, con consecuencias regresivas. La reducción de la jornada laboral a 40 horas, el aumento sostenido del salario mínimo, la reforma previsional y la implementación de nuevas regulaciones como la Ley Karin, han incrementado los costos laborales de manera significativa. El índice de estos últimos ha crecido 28% nominal desde 2022, con ausencia de políticas efectivas de fomento al empleo o incentivos a la contratación formal. Cifras del Banco Central reflejan que el alza del salario mínimo significó una caída del 8% del empleo en empresas sujetas a este piso, mientras que otros estudios señalan que la disminución de las horas laborales significará un aumento adicional de costos de 9% en 2026.
Pese a esta evidencia, el Ejecutivo mantiene su impulso a iniciativas como la negociación ramal, mientras la candidata presidencial del oficialismo, Jeannette Jara, y exministra del Trabajo, promueve un salario vital de $ 750 mil, sin antecedentes técnicos claros ni estimaciones de impacto sobre la formalidad. Ninguna de estas propuestas atiende a los equilibrios entre productividad y costos laborales, sino que refuerzan una trayectoria incompatible con la reactivación del mercado del trabajo.
El país requiere una estrategia que reconozca con realismo las condiciones productivas del mercado chileno, que promueva la empleabilidad en sectores rezagados y alinee los incentivos a la contratación formal con un marco regulatorio sostenible. En lugar de profundizar una agenda que eleva los costos sin contrapartidas en productividad o crecimiento potencial, se necesita una política que restaure la función del empleo como vía de movilidad y cohesión social. Recuperar el dinamismo del mercado del trabajo no es solo un desafío económico, es una condición habilitante para cualquier proyecto de desarrollo viable.
