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Alto contrasteEl costo de los mercados ilícitos
Cifras alarmantes sobre los mercados ilegales en Chile entregó la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC) en el informe “Por un Chile sin Economía Ilícita”. Estos mercados mueven más de US$ 5.700 millones al año —1,5% del PIB—, generan pérdidas fiscales superiores a US$ 1.500 millones anuales y obligan al sector privado a destinar cerca de US$ 2.700 millones adicionales en prevención y disuasión del delito.
Un dato inquietante no es solo el tamaño que han alcanzado estos mercados, sino la forma en que han logrado avanzar en Chile. Sin exhibir aún los niveles de violencia observados en otros países de la región, las economías ilegales parecen haber encontrado espacio para insertarse en zonas del tejido económico formal, aprovechando brechas regulatorias, debilidades de fiscalización y bajos estándares de trazabilidad.
Ese diagnóstico también se refleja en el sistema financiero. Según la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras (Abif), la tasa de fraude financiero en Chile es hasta 6,5 veces superior a la de Europa —y triplica los niveles previos a 2020—, una señal de que las brechas de control no solo afectan a los mercados ilegales tradicionales, sino también a los canales por donde esos recursos circulan, se ocultan o se integran a la economía formal.
El problema es que Chile aún no cuenta con instrumentos suficientes para combatir este flagelo.
La advertencia coincide con lo planteado por la CPC, que identifica “zonas grises normativas y falta de regulación local específica en sectores tecnológicos y digitales” como factores habilitantes del crimen organizado financiero. En la misma línea, la Fiscalía Nacional, en su Informe de Crimen Organizado 2025, señala que las organizaciones criminales han aprendido a explotar de manera sistemática las brechas de fiscalización y trazabilidad del Estado.
Los vacíos más evidentes son la ausencia de regulación para plataformas de criptoactivos, los casinos online sin fiscalización local y un mercado de crédito informal que opera sin trazabilidad. Por eso, la recién creada Fiscalía Supraterritorial, unidad del Ministerio Público, definió como foco realizar investigaciones patrimoniales profundas para atacar el sustento económico de las bandas criminales, además de desbaratar su estructura operativa.
El problema es que Chile aún no cuenta con instrumentos suficientes para combatir este flagelo, y una de sus debilidades es la falta de una inteligencia financiera plenamente articulada, capaz de transformar información dispersa en herramientas eficaces para seguir el rastro del dinero ilícito. En 2025, la Unidad de Análisis Financiero (UAF) recibió más de 20.000 reportes anuales de operaciones sospechosas —un aumento de 25,3% respecto del año anterior—, pero enfrenta limitaciones estructurales que reducen drásticamente su eficacia. Como advirtió su exdirector Carlos Pavez, “no basta con tener una unidad de inteligencia fuerte si el resto del engranaje público y privado no comprende su rol técnico”.
El informe de la CPC propone, en ese sentido, una arquitectura de inteligencia financiera que apunta, precisamente, a cerrar esas brechas. Entre las medidas más relevantes destacan automatizar las alertas bancarias mediante inteligencia artificial; exigir acreditación de identidad obligatoria a las plataformas de criptoactivos; bloquear plataformas de juego online no reguladas; crear un registro público de beneficiarios finales de empresas; y establecer límites estrictos a transacciones en efectivo de alto valor en compras de propiedades o vehículos.
Son medidas que, en conjunto, apuntan a cerrar los espacios donde el dinero ilícito se vuelve invisible para el Estado. La diferencia con los países que han logrado avances no es de voluntad política, sino de arquitectura institucional, donde el crimen organizado opera con una cadena integrada, mientras el Estado sigue fragmentado.
