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Alto contrasteEl giro programático de Jara
La candidata presidencial del oficialismo, Jeannette Jara, presentó esta semana su segundo programa de gobierno como una propuesta que intenta posicionarse como dialogante y responsable. Tras el “reseteo” del plan de primarias, del que la propia abanderada desconoció su énfasis en la demanda interna como motor de crecimiento, el nuevo documento dio un giro y el relato de país abusivo cedió a uno que reconoce logros. En línea con la investidura socialdemócrata con que los restantes ocho partidos de “Unidad por Chile” han buscado ungir a la militante PC, se ofrece cierta voluntad de acuerdos; sin embargo, más allá de los ajustes semánticos, el contenido mantiene una lógica que prioriza la redistribución por sobre la creación, y el control estatal por sobre la confianza en los actores productivos.
La diferencia contrasta con los programas que han puesto el foco en reactivar el crecimiento. Chile enfrenta un prolongado ciclo de baja expansión económica, inversión estancada, alto desempleo e informalidad laboral. Las recetas efectivas no son las que parten del gasto, sino las que crean condiciones habilitantes para invertir, innovar y crecer. El programa de Jara no se orienta en esa dirección. Prueba de ello la da su asesor económico, Nicolás Bohme, quien en entrevista con DF anuncia una estrategia basada en lo que llama un “círculo virtuoso” en que el “Estado aporta la capacidad de dirección estratégica y el sector privado el dinamismo”. Se trata de una definición en la que subyace la subordinación de la iniciativa privada a la planificación estatal, reproduciendo un esquema que ha probado ser ineficaz para dinamizar economías abiertas como la chilena y que suele traducirse en rigideces y menor inversión.
Bohme reconoce, además, que “parte” de la estrategia “tiene que ver con un mayor crecimiento”, frase que revela que este no es el centro del proyecto, sino un componente accesorio. Cuando el debate nacional ha girado precisamente en torno a la urgencia de crecer para generar empleo y superar el estancamiento, el que la candidata oficialista no lo ponga en el núcleo de su propuesta resulta en una señal elocuente.
El plan insiste, asimismo, en un ingreso vital de $750.000 sin estimar su impacto fiscal ni laboral y donde la transformación del concepto de “salario” a “ingreso” revela un matiz político, no una corrección estructural. Y, en la misma línea, la negociación multinivel se plantea como modernizadora, aunque introduce rigideces que afectarían especialmente a las PYME. La apuesta, en el fondo, no es modernizar el trabajo, sino redefinir su estructura desde una lógica centralizada y colectiva, donde el rol del empleador privado queda relegado.
En lo fiscal, el comando cifra en US$ 3.500 millones el costo del programa -equivalente a un punto del PIB- y afirma que se financiará mediante reasignaciones y eficiencia del gasto. Sin embargo, no se precisan las fuentes de ahorro. Llama la atención que se denuncie el “realismo mágico” de otro candidato, pero que no se reconozca la escasez de motores del programa para impulsar un crecimiento sostenible.
Lo que está en juego no es solo la viabilidad fiscal de un plan de gobierno, sino el marco en que se pretende encauzar la economía. Un esquema donde el Estado se reserva la conducción y el sector privado queda como ejecutor difícilmente puede generar la confianza y el dinamismo que Chile requiere para volver a crecer.
