Editorial

Imposibilidad de reemplazo interno

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Intensas conversaciones están teniendo lugar tanto en Chile como en Londres, en donde se desarrolla una nueva edición del llamado Chile Day, en torno a las indicaciones que se pueden presentar hasta el próximo lunes 14 de septiembre al proyecto de reforma laboral. La iniciativa, que sigue su tramitación en la cámara alta, ha sido objeto de amplio debate, siendo la pretensión de imposibilitar todo tipo de reemplazo en caso de huelga el aspecto de mayor fricción.


Si bien respecto de este punto aún se cree que no ha habido en pronunciamiento definitivo y explícito, diversas versiones apuntan a que lo que promoverán las autoridades es impedir incluso el reemplazo interno en caso de huelga y zanjar el riesgo de que una paralización total termine siendo demasiado gravosa para la empresa como para comprometer incluso su supervivencia con un sistema de servicios mínimos previamente pactado.


De ser efectivo lo anterior, se trataría del establecimiento de un estándar excepcionalmente rígido y exigente, incluso respecto de los criterios de la OCDE. Un estándar que, por lo demás, tampoco cuenta con la adhesión de varios respetados economistas que se declaran afines al gobierno y, ni hablar, con el apoyo de varios ex ministros de la Concertación.


La obstinación que parece estar imperando comienza a asemejarse sospechosamente a la que llevó al establecimiento de un segundo sistema de tributación en la reforma tributaria, el de renta atribuida, hoy descalificado incluso por las autoridades de Hacienda, que han anunciado la voluntad de jibarizarlo a la más mínima expresión por la vía de una nueva reforma legal.

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