Impuesto a ampliación del límite urbano

Como lamentablemente suele ocurrir en el país, se ha decidido nuevamente legislar apresuradamente a partir de un escándalo. En esta ocasión, se trata del mediático caso que ha involucrado al hijo de la Presidenta Michelle Bachelet por presuntas irregularidades en la compra -por parte de la empresa de su esposa- de propiedades que estaban afectas al proceso de cambio del límite urbano.

De acuerdo con el Ejecutivo, el proyecto, enmarcado en la agenda de probidad, buscaría regular y transparentar este tipo de transacciones, pero en la práctica simplemente se establece un impuesto adicional de 10% sobre el mayor valor que experimenten los bienes raíces cuando un Plan Regulador amplía el límite urbano.

Este impuesto se aplicaría en todas las transacciones de propiedades que se realicen una vez iniciado el proceso de ampliación del límite, hasta la primera transacción que se realice después de la publicación de la modificación del Plan Regulador en el Diario Oficial o que transcurran al menos 18 años.

Lo cierto es que esta iniciativa legal aborda una materia muy distinta a la del caso Caval, que no tiene que ver con las ganancias del propietario original por el legítimo cambio en el uso del suelo urbano, sino que con la posibilidad de eventual tráfico de influencias. Si se llegara a probar que existió, estaríamos frente a un delito que la ley actual ya sanciona.

Esta nueva legislación tan solo estaría agregando un impuesto a las transacciones de estos inmuebles, que se constituye en una sobretasa al impuesto a las ganancias de capital, incorporada también para los no habituales en la última Reforma Tributaria.