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Alto contrasteIncendios sin respuesta estructural
Al menos 19 personas han fallecido y más de 37 mil hectáreas han sido arrasadas por los incendios forestales que afectan a las regiones de Ñuble y Biobío, donde los damnificados se han elevado a 1.500 y la pérdida de viviendas probablemente supere el millar. Frente a la magnitud de la tragedia, el Gobierno decretó estado de catástrofe y dispuso diversos recursos para enfrentar la emergencia. Y tanto el Presidente Gabriel Boric como el mandatario electo, José Antonio Kast, han coincidido en que no es el momento de buscar réditos políticos, sino de colaborar. Se trata de un gesto necesario cuando hay un número aún indeterminado de personas desaparecidas, cuerpos sin identificar y familias que lo han perdido todo a las que urge atender. Pero, lamentablemente, la experiencia no es nueva, sino que –por el contrario- el país viene acumulando una devastación creciente por incendios forestales, lo que reabre los cuestionamiento ante la carencia de una estrategia de largo plazo para enfrentar un riesgo que ya no es excepcional.
Resolver la urgencia es necesario, pero insuficiente. Urge abordar fallas en prevención, planificación territorial y mitigación de riesgos.
En la tercera jornada consecutiva de sinestros, se mantenían activos una treintena de focos a nivel nacional. En Biobío, la superficie dañada supera, hasta ahora, en más de 2.600% a la de igual período de 2024 y se ubica casi siete veces por sobre el promedio del último quinquenio. Aunque el número total de incendios a nivel nacional ha bajado 7%, según Conaf, la superficie afectada ha crecido 166% respecto de la temporada pasada. Se trata de incendios menos frecuentes, pero más destructivos, en un contexto de altas temperaturas, sequedad ambiental, vientos intensos y una interfaz urbano-rural cada vez más expuesta.
La coordinación entre instituciones es necesaria, pero insuficiente si no se traduce en una agenda que resuelva las fallas en prevención, planificación territorial y mitigación de riesgos. El impacto económico de estos eventos es acumulativo, con destrucción de capital natural, interrupción de cadenas productivas, daño a infraestructura crítica y presión fiscal creciente por reconstrucción. El cambio climático ha elevado, además, el piso de riesgo. Temperaturas más altas, estaciones secas más prolongadas y eventos extremos más frecuentes configuran un escenario que exige repensar la política forestal y territorial.
Y aunque Chile dispone de información, capacidades técnicas y herramientas, aún no logra articularlas de manera coherente, sino que se sigue operando en forma fragmentada, sin una gobernanza que integre prevención, regulación, inversión y evaluación independiente de resultados.
La reconstrucción que vendrá no puede limitarse a reponer lo perdido. Es necesario que incorpore decisiones que reduzcan riesgos futuros, protejan infraestructura estratégica y resguarden la actividad productiva y el empleo, lo que exige coordinación público-privada, disciplina fiscal y acuerdos que trasciendan los ciclos políticos.
