Inseguridad ciudadana (II): el costo de ser pasivos

“La delincuencia avanza a una velocidad mayor que las medidas que se implementan y eso es algo que el Gobierno entiende, pero su reacción es tardía y los delincuentes ya lo saben, siendo ellos los que marcan la pauta, cuando debiera ser al revés”.

En Chile no es habitual que un gremio critique tan directamente a las autoridades como lo hizo ayer la Cámara Nacional de Comercio (CNC) a propósito del violento asalto perpetrado por una decena de individuos en el mall Plaza Egaña, en Santiago, a pocos días de delitos similares en el Portal La Dehesa y Mall Arauco Maipú.

El combate contra la delincuencia es, claramente, una materia en que el Estado está fallando.

Tampoco es habitual que la ciudadanía salga a las calles para protestar contra lo que percibe como pasividad de las autoridades ante el explosivo aumento de la delincuencia en el norte del país, como hicieron ayer habitantes de Arica en el paso fronterizo de Chacalluta, ante el fracaso en el control de la inmigración ilegal que está en la raíz de un alza sin precedentes de los delitos en esa zona.

Son apenas dos ejemplos de que, ante la cruda evidencia de las estadísticas sobre el aumento de los delitos, en especial los violentos -como recalcaba nuestro editorial de ayer- la respuesta del Gobierno no puede limitarse a convocar una mesa de trabajo legislativa, sino que debe incluir medidas concretas y urgentes. Estas deben incluir recursos adicionales para Carabineros, sin duda, pero también señales de apoyo político tendientes a contrarrestar la baja de nuevas incorporaciones a ese cuerpo policial, por ejemplo.

En materia de inmigración ilegal y control de fronteras, la política laxa durante varios gobiernos ha sido causa fundamental del ingreso y permanencia en el país de personas con historial delictivo, y del aumento del crimen organizado, con formas de delito -como el sicariato y el secuestro- que son nuevas en Chile.

Sin dudas otras instituciones -como la Fiscalía Nacional y los tribunales- deben aunar criterios y fuerzas ante esta creciente amenaza -en la expulsión de extranjeros involucrados en delitos, entre otras cosas-, y medidas como los estados de excepción -a cargo del Congreso- parecen lamentablemente oportunas. Es evidente que esta es una materia en que el Estado está fallando, de ahí que sea la primera preocupación ciudadana en todos los sondeos de opinión.