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Alto contrasteInvestigación contra Orrego
El gobernador de Santiago, Claudio Orrego, entregó ayer voluntariamente su teléfono y computador, en el marco de la investigación penal que inició la Fiscalía en su contra, como imputado por el presunto delito de fraude al Fisco. La indagatoria se abrió a raíz de los antecedentes consignados en una auditoría de la CGR, en la que el ente contralor cuestionó la contratación de un servicio de coaching para el equipo directivo del Gobierno Regional (GORE), que incluyó, al menos, 16 sesiones sobre la campaña de reelección en la que el exmilitante DC se impuso en segunda vuelta al RN Francisco Orrego.
En lo medular, la auditoría sostienen que Orrego utilizó recursos públicos para una serie de charlas y sesiones de coach ontológico, cuyo objetivo habría apuntado a reforzar las habilidades de su equipo de campaña de cara a los comicios de 2024. Según la Contraloría, los servicios asociados a dichas charlas “no se encuentran contemplados en los objetivos y actividades de la citada contratación, como tampoco se relacionan con la naturaleza y finalidades del Gobierno Regional”. En particular, se critica que el GORE pagó asesorías “en beneficio de don Claudio Orrego Larraín, por cuanto en éstas se analizaron materias relacionadas con su campaña electoral y contingencia política, situación que se aleja de lo establecido en el artículo 13 de la Ley N°19.175”, según la cual los Gobiernos Regionales tienen por fin el desarrollo social, cultural y económico de sus respectivas zonas.
El exalcalde ha sostenido que todo se trata de una operación política en su contra y que sus campañas se financiaron con créditos públicos contratados personalmente, debidamente rendidos ante el Servel.
Si hubo o no dolo o negligencia en el uso de los $ 31 millones cuestionados es materia que determinará la justicia. Sin embargo las investigaciones en torno a la contratación de este tipo de servicios remite a la necesidad de que los agentes estatales y las reparticiones públicas adopten estándares de compliance adecuados y efectivos, tal como se demanda a las empresas y organizaciones del mundo privado.
Improcedencias de este tipo suelen dejar en evidencia una cierta cojera ética en la administración pública y en los partidos políticos respecto del buen uso de recursos siempre escasos. La Región Metropolitana es la más poblada del país y por ende, la que enfrenta la mayor cantidad de desafíos en materia de seguridad, servicios básicos o desarrollo y calidad de vida. Charlas de la naturaleza como las descritas, no solo no tienen que ver con esas urgencias, sino que se pueden verse sospechosamente convenientes para fines electorales, aun cuando no haya sido el objetivo. Lo que preocupa es que los eventuales involucrados no comprendan cuál es el tema de fondo y cuáles son las implicancias de estos deslices. Eso tal vez sí es motivo de una buena capacitación para políticos que no dan la relevancia suficiente a la probidad como valor de transparencia y uso responsable de los recursos de todos.
