Recientemente se realizó un proceso de licitación de suministro eléctrico que ofreció 12.430 GWh/año de energía y que abastecerá las necesidades de los clientes regulados por 20 años a partir del año 2021. Se presentó un importante número de oferentes (84 propuestas), y todo hace prever que los precios de adjudicación mostrarán una baja significativa respecto de la última licitación, en que el precio medio fue de 79,3 US$/MWh.
La alta participación en este proceso, así como la baja de precios esperada, responde a varios factores. Las modificaciones introducidas al sistema de licitaciones -que incluyeron una mayor anticipación de la licitación, mecanismos de revisión de precios, la posibilidad de postergar el inicio de suministro o poner término al contrato y la introducción de esquemas más flexibles de definición de bloques de suministro- redujeron los riesgos que enfrentan los oferentes, haciendo más atractiva la participación en el proceso. A ello se sumó la aprobación de la Ley de Transmisión.
Hubo también factores externos que favorecieron el resultado (como el vencimiento de contratos de las grandes generadoras eléctricas, la caída de precios de los combustibles fósiles y la significativa baja en el costo de algunas energías renovables), pero la lección más importante que ha dejado este proceso es sin duda que, cuando se eliminan los obstáculos y se generan las condiciones propicias, la iniciativa privada no tarda en desplegarse.
Así se genera más competencia e inversión, lo que deviene en una solución muy superior a la incursión del Estado en los mercados o los meros llamados a sumarse al crecimiento económico.