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Alto contrasteEl proyecto de ley para regular el funcionamiento de las economías colaborativas en el transporte de pasajeros podría limitar seriamente los potenciales beneficios de estas nuevas tecnologías, ya que según especialistas parece carecer de fundamentos técnicos.
En efecto, más allá de introducir por ley un nuevo registro y requerimientos que las plataformas hoy ya cumplen (tecnologías de geolocalización, evaluación del viaje en línea, mecanismo de determinación de tarifa), uno de los mayores contrasentidos del proyecto de ley es el cobro de un impuesto especial por kilómetro recorrido por parte de los conductores que ofrezcan sus servicios a través de las plataformas. La recaudación de este impuesto iría a un fondo que, paradójicamente, el Ejecutivo llama “Fondo para la innovación del transporte privado de pasajeros”, pero que en realidad hace justo lo contrario: desincentiva el uso de una de las mayores innovaciones en el transporte privado de pasajeros, para beneficiar, principalmente, al tradicional cartel de taxistas, que son quienes mayores externalidades generan, incluido el uso de las vías para buses, que los socios conductores de estas plataformas tecnológicas no utilizan.
Además, el proyecto deja en manos de la burocracia estatal no sólo el cálculo de este impuesto, sino también la fijación de la tarifa misma. Así, el Panel de Expertos para el Transporte Público definiría arbitrariamente los parámetros para fijar las tarifas de los servicios ofrecidos a través de plataformas tecnológicas. Las autoridades no deberían poner trabas a los potenciales beneficios que han mostrado ofrecer las economías colaborativas en el mercado del transporte, sino regularlas de manera ingeniosa y justa. Lamentablemente, el actual proyecto no lo hace.
