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Alto contrasteNuevo cobro en las cuentas de la luz
La Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) dio a conocer este lunes una nueva alza en las cuentas de la luz, derivada de la deuda por cerca de US$ 860 millones que los clientes mantienen con las empresas distribuidoras, acumulada tras el congelamiento de las tarifas eléctricas en 2019, y que comenzará a cobrarse en abril. Con el fin de mitigar el efecto en el bolsillo de los hogares, el Gobierno anunció, adicionalmente, que propondría a las futuras autoridades sectoriales un proyecto de ley con un cargo adicional único y solidario de $ 1.450 mensuales, durante cuatro años, para todos los clientes, junto con un subsidio para el 40% más vulnerable de la población. Sin embargo, lo que podría valorarse como una iniciativa de buenas intenciones, en un área especialmente sensible para los hogares, ha terminado derivando en un mensaje ambiguo y comunicacionalmente confuso.
Más que anuncios de último minuto, urge consistencia regulatoria y políticas que otorguen certidumbre a las familias.
En los hechos, la SEC ya definió la fórmula de cobro, al instruir por resolución que las empresas deben reliquidar los montos adeudados por cada cliente, de acuerdo con su consumo histórico, a través de un pago en hasta 48 cuotas mensuales, ampliables a 60 cuando el cobro supere el 20% del valor promedio de la boleta de 2025. En caso de que el cálculo arroje saldos a favor del consumidor, la devolución deberá efectuarse en un plazo máximo de 12 meses. Este mecanismo, ya vigente, busca resolver el desfase generado por la fijación tardía del Valor Agregado de Distribución (VAD), que representa cerca del 11% de la boleta final.
Sobre ese marco regulatorio, el biministro Álvaro García anunció lo que llamó una “fórmula solidaria” para mitigar las alzas. La propuesta, aunque en general fue valorada, recibió críticas por los subsidios cruzados involucrados, considerando que sin importar el nivel de consumo, todos los clientes pagarían los mismos $ 1.450 adicionales. Sin embargo, tras presentar la propuesta a la futura ministra de Energía, García aclaró que tal cifra fue solo un ejemplo para una familia con consumo promedio y que, en cambio, lo que se busca igualar es el costo del kilowatt hora, cuyo valor ascendería a $ 8.
En un tema que afecta directamente a millones de hogares, la falta de precisión en el mensaje aumenta la incertidumbre, más aún cuando la iniciativa se anuncia a menos de un mes del cambio de Gobierno, sin posibilidad real de ser tramitada por la actual administración y en un escenario en que el regulador ya ha establecido un mecanismo de cobro. El diseño del subsidio tampoco convence. El Gobierno propone cubrir los $ 15 mil millones que estima costaría, con los $ 19 mil millones que se recaudarían por el cobro de IVA extraordinario que generará el alza en las cuentas de la luz, lo que significaría una suerte de impuesto encubierto, al ser los propios consumidores, y no el Estado, quienes cubran la ayuda.
En un servicio esencial, las soluciones no pueden descansar en proyectos inciertos ni en relatos cambiantes. La protección de los hogares vulnerables requiere instrumentos estables y oportunos, y la clase media no puede seguir siendo el amortiguador silencioso de cada corrección tardía. Más que anuncios de último minuto, urge consistencia regulatoria y políticas que otorguen certidumbre a las familias, una agenda que el Ejecutivo saliente deja pendiente para la próxima administración.
