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Alto contrasteOportunidades regulatorias en infraestructura digital
La transformación digital del país requiere no solo visión estratégica, sino también marcos institucionales sólidos que aseguren que las inversiones, especialmente aquellas con componente público, se ejecuten con oportunidad y responsabilidad. La experiencia reciente con los retrasos en el despliegue del 5G y la Red de Fibra Óptica Nacional ha puesto a prueba la capacidad del Estado para fiscalizar, exigir cumplimiento y resguardar los intereses de largo plazo en conectividad.
El reciente fallo del Ciadi, que rechazó la demanda de WOM contra el Estado chileno, despejó el camino para que la autoridad actúe con mayor decisión. Ya no se trata solo de resolver un conflicto contractual, sino de reafirmar que los compromisos adquiridos en procesos licitatorios, especialmente cuando involucran subsidios estatales, deben cumplirse sin ambigüedades.
El desafío es avanzar desde la sanción puntual hacia el fortalecimiento estructural de las políticas públicas en materia de infraestructura digital. En este escenario, pueden delinearse al menos tres líneas de acción: mejorar los sistemas de seguimiento y control de avances de proyectos adjudicados; dotar a la Subsecretaría de Telecomunicaciones de mayor autonomía técnica y capacidad de reacción oportuna; y revisar los incentivos y mecanismos contractuales para corregir a tiempo y no solo castigar a posteriori.
Lo ocurrido no solo ha tenido efectos técnicos, sino también económicos: numerosos proveedores regionales han sido afectados por los incumplimientos, dañando la confianza empresarial y afectando el dinamismo de ecosistemas locales. Esto debiera preocupar especialmente en un momento en que se busca fortalecer la inversión privada en regiones.
El país necesita reglas claras, cumplimiento efectivo y un marco institucional que combine certezas jurídicas con exigencia de resultados. Y esa tarea exige un Estado firme, ágil y confiable.
Junto a ello, también es necesario abordar los procesos de reorganización judicial, ante la posibilidad de que puedan utilizarse como maniobras deliberadas para evitar sanciones y reestructurar una operación sin consecuencias, con el fin de mantener artificialmente una posición de mercado. Una situación de este tipo tendría impactos institucionales y competitivos. Una solución es explorar alternativas que vayan más allá de la multa y promuevan un beneficio directo para los usuarios y el ecosistema digital. No como un perdonazo, sino como compensación funcional que no exima de responsabilidades y que permita al país recuperar parte del valor público comprometido.
Chile está frente a una disyuntiva estratégica: permitir que los incumplimientos se resuelvan en tribunales sin efectos prácticos, o aprovechar esta coyuntura para rediseñar su política de infraestructura digital desde una lógica de responsabilidad y eficiencia.
