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Alto contrastePresupuesto 2027: Fin del voluntarismo fiscal
Dado el complejo escenario macroeconómico, la discusión del Presupuesto 2027 será especialmente compleja. Sostener la planificación fiscal bajo el supuesto de un repunte optimista de la inversión o de un precio del cobre alto constituye un riesgo para las finanzas públicas que el gobierno deberá calibrar. En ese sentido, cualquier alza en el gasto público debe ligarse obligatoriamente a un PIB tendencial realista, a una proyección de ingresos que aprenda de las sobreestimaciones de años anteriores para no comprometer las metas, y a que los compromisos permanentes cuenten con el financiamiento sostenible necesario.
Un insumo clave se entregó el viernes pasado por parte de los Comités Consultivos, que fijaron su proyección de crecimiento para el PIB 2027 en 2,6%, con un precio promedio del cobre en US$ 5,37.
El debate presupuestario ha coincidido con la agenda de reducción del gasto fiscal impulsada por el presidente Kast, lo que ha tensionado las negociaciones con los ministerios que buscan salvaguardar sus asignaciones. No obstante, para que la disciplina fiscal sea verdaderamente sostenible y actúe como un catalizador contracíclico, el diseño del erario debe trascender la lógica del mero recorte contable de corto plazo y abordar, de una vez, las debilidades estructurales del aparataje estatal.
El diseño fiscal deberá aspirar a ser ordenado e institucionalmente viable.
En esta línea, la experiencia demuestra que la suficiencia presupuestaria es una condición necesaria pero insuficiente si no se acompaña de una modernización profunda de la gestión del Estado. De nada sirve comprometer recursos si la “permisología” y las ineficiencias en los procesos de licitación mantienen la formación bruta de capital fijo ralentizada.
Bajo este enfoque, el diseño fiscal deberá aspirar a ser ordenado e institucionalmente viable, lo que implica estructurar un presupuesto financieramente manejable por el aparato estatal, reconociendo con pragmatismo las restricciones presupuestarias de la caja pública. Para maximizar el impacto económico sin comprometer la solvencia, el Estado debería abrir espacios a la inversión privada, posicionándola como el socio estratégico indispensable en el financiamiento y ejecución de megaproyectos. La reactivación de la actividad económica no provendrá del voluntarismo fiscal, sino del encadenamiento virtuoso entre un sector público eficiente y un sector privado dinámico.
Con recursos limitados, la verdadera prueba para el gabinete será demostrar que el alineamiento político y técnico sirve para blindar la ejecución presupuestaria contra cualquier asomo de despilfarro.
El Consejo Fiscal Autónomo ha alertado que la deuda bruta continuará su escalada ascendente, presionando el techo prudencial del 45% del PIB hacia fines de la presente década, si es que no se toman medidas de contención urgentes. Frente a este panorama, insistir en presupuestos expansivos amparados en proyecciones de recaudación sobreoptimistas sería un error grave. Esto demuestra la necesidad de que el debate actual incorpore una discusión profunda sobre los ingresos fiscales y no solo sobre el gasto. En los últimos años, la falta de análisis en esta materia ha llevado a sobreestimar los recursos disponibles; capitalizar ese aprendizaje y proyectar los ingresos con realismo es indispensable para evitar futuros incumplimientos de las metas.
En un contexto de crecimiento potencial estancado y déficit fiscal, la complementariedad entre una gestión pública eficiente y la tracción del capital privado será indispensable para devolver la sostenibilidad a las finanzas públicas, junto con reactivar la actividad y el empleo.
