En las últimas tres décadas se han realizado más de 25 intentos por derogar o modificar una legislación de sala cuna que perjudica la participación laboral femenina (artículo 203 del Código del Trabajo). Por ello hace algunas semanas este diario consideró esperanzador que el Presidente Boric instruyera conformar un Comité Interministerial (Trabajo, Mujer, Hacienda y Educación) para buscar un acuerdo político al respecto.
El proyecto de ley presentado en el gobierno anterior, aprobado en general por la unanimidad de la Comisión de Trabajo y la mayoría en la Comisión de Educación del Senado, ofrece un camino avanzado que parece la mejor base sobre la cual seguir construyendo un consenso. Sin embargo, en entrevista con DF, la ministra de la Mujer y Equidad de Género criticó que dicho proyecto “carece de toda perspectiva educativa. Las salas cuna no son sólo fierro y cemento, son espacios de desarrollo y protección de la infancia (…) Este es un proyecto que está planteado solo desde la perspectiva del derecho laboral”.
Lo que se juega en este debate es una mayor participación laboral femenina, no un eventual retroceso en los estándares educativos.
Lo que busca el proyecto sala cuna es fomentar la participación laboral de las mujeres, no enfrentar los muchos desafíos de la educación inicial (donde por cierto nuestro país tiene falencias de las cuales el Estado escasamente se hace cargo). Desde luego, esto no significa que, al momento de diseñar e implementar las salas cuna, no deban tenerse en cuenta criterios, principalmente, de seguridad y cuidado, y de formas de estimulación temprana, crucial en esa etapa.
Se trata, entonces, de alinear instrumentos con objetivos.
Es evidente que Chile debe avanzar en los cambios que aseguren que los jardines infantiles -y eventualmente las salas cuna- sean espacios de formación que entreguen más que garantías mínimas, pero esa tiene que ser otra (no menos relevante) discusión. De lo contrario continuará entrampada -en la práctica, anulada- toda iniciativa centrada primordialmente en permitir que las mujeres puedan contar con un espacio seguro y cercano donde confiar el cuidado de sus hijos mientras ellas trabajan.
En suma, no es en este debate donde se juega el eventual “retroceso en los estándares educativos” que teme la secretaria de Estado.
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