Royalty forestal: un episodio lamentable

En medio de la emergencia por los destructivos incendios en el sur del país -que han devastado viviendas, plantaciones y bosques en cientos de miles de hectáreas-, el Presidente Boric mencionó la conveniencia de estudiar cambios en la regulación forestal, dando a entender una posible correlación entre la emergencia y la manera en que funciona ese sector productivo.

Fue un planteamiento vago, que no apuntó a ninguna regulación en particular, y que otros personeros defendieron también con argumentos vagos y genéricos, como que en democracia ningún tema está vedado y el país no debe tenerle miedo a ninguna discusión. De esa falta de claridad -que incluyó una intervención del Fiscal Nacional señalando que, con la evidencia a la vista, las empresas forestales son víctimas de los incendios y no sus responsables- surgió, sin embargo, una idea concreta: la de fijar un royalty a ese sector, algo que el ministro de Agricultura afirmó comenzaría discutirse en marzo próximo.

Ayer, la ministra del Interior descartó de plano esa noción, recordando que el programa de gobierno no la contempla y que la agenda tributaria del Ejecutivo está ya establecida en la reforma que se tramita en el Congreso. Si acaso, dijo, el royalty forestal será materia para futuras administraciones.

Todo esto ha sido un episodio lamentable. Desde el Gobierno, sin pruebas demostrables, se sembraron dudas en la opinión pública sobre la eventual responsabilidad indirecta de un sector productivo en una emergencia sin precedentes en su costo material y humano; y se generó inquietud en los actores económicos y los inversionistas respecto de un nuevo e imprevisto cambio de reglas tributarias. Ahora el mismo Gobierno le da un “portazo” a la idea que había alentado.

Este tipo de contradicciones y vaivenes no son inocuos; tienen costos políticos, económicos y reputacionales que minan la credibilidad del Gobierno y, por cierto, la imagen de Chile en el exterior como país de reglas claras y destino seguro de inversiones. Ad portas de comenzar su segundo año de gestión, el Ejecutivo no puede seguir cometiendo estos errores, atribuyéndolos a falta de experiencia. Tampoco puede atribuir a traspiés comunicacionales lo que son, como en episodios anteriores, gruesas fallas de conducción política.