Sostenibilidad de las cuentas públicas, una tarea pendiente
El último informe que el Consejo Fiscal Autónomo (CFA) presentó a la Comisión Mixta de Presupuestos acentuó el tono de alerta y preocupación sobre la sostenibilidad de las finanzas públicas. Hasta antes de esta exposición, el organismo calificaba la situación como “estrés fiscal”, lo que ahora elevó a “estrés fiscal prolongado”, ante la muy probable posibilidad de que en 2025 el actual Gobierno no logre la meta fiscal, al igual como ocurrió en 2024 y 2023.
El país se encamina a un tercer año de incumplimiento de la meta fiscal, lo que ha gatillado un “estrés fiscal prolongado”.
El llamado del CFA fue perentorio y claro: “El país se encamina a un tercer incumplimiento consecutivo de la meta de Balance Estructural (BE), en un contexto en que el plan de acciones correctivas propuesto por el Ejecutivo a inicios de año no ha avanzado de acuerdo con lo comprometido. Esto evidencia un cuadro de estrés fiscal prolongado, reflejado en déficits estructurales persistentes, espacios fiscales restringidos, un acercamiento de la deuda a su nivel prudente, y riesgos macrofiscales en el corto y mediano plazo”. Ante este escenario, el CFA insistió en que debe realizarse un mayor esfuerzo público que minimice el desvío de la meta de BE en 2025, permita cumplirla en 2026 y evite superar el nivel prudente de deuda pública para recuperar la credibilidad fiscal.
En este marco, preocupa que el ministro de Hacienda, Nicolás Grau, intente atenuar la urgencia, planteando que el premio por riesgo país es actualmente inferior al que había en 2022, cuando Chile estaba en pleno proceso de discusión constitucional. Es evidente que los riesgos políticos se han moderado, pero eso no atenúa el hecho de que el país tiene una brecha fiscal estructural de más de dos puntos del PIB, que solo podría cerrarse con un ajuste significativo del gasto y/o con un aumento importante del crecimiento de tendencia del PIB, escenarios ambos poco factibles en el corto plazo.
La Ley de Presupuestos 2026, actualmente en discusión, plantea para el próximo año una meta de balance estructural de -1,1% del PIB, que para el CFA contiene riesgos, por cuanto sigue teniendo un sesgo optimista en la estimación de ingresos tributarios no mineros. De acuerdo con la Dipres, éstos subirían de un nivel estimado de 17% del PIB en 2025 a un 17,5% en 2026. A modo de comparación, en 2024 fueron equivalentes a 16,4% del Producto por lo que la estimación para 2025, a pesar de las correcciones a la baja de Dipres, puede aún tener un sesgo optimista, llevando a que los ingresos estimados para 2026 sean también poco realistas.
Lo grave es que desde 2023 en adelante el nivel de gasto se ha fijado en las Leyes de Presupuesto acorde a ingresos sobrestimados y una vez que estos se corrigen a la baja no ocurre lo mismo con el gasto, debido a su rigidez, lo que ha generado el estrés fiscal prolongado. Los datos hacen evidente que la consolidación fiscal es una tarea aún pendiente.