Taxis, externalidades y carteles

En prácticamente todas las ciudades del mundo, los taxis están sujetos a algún tipo de regulación. Desde un punto de vista conceptual, al menos dos razones justifican la intervención.

La libre entrada al mercado en general es restringida. En el caso de Santiago, en 2010 se suspendió de manera indefinida la inscripción de taxis (Ley Nº 20.474), creándose un cartel regulado en el que sólo pueden ofrecer estos servicios quienes tengan el permiso -transable- respectivo. Por otro lado, no existiría plena competencia al interior del cartel. Es decir, quien espera un taxi en la calle, no tiene real capacidad de elegir a quién contratar. Así, existe buena justificación para que el regulador se preocupe por imponer y fiscalizar estándares mínimos de calidad. En la capital, la regulación de la calidad no ha sido del todo exitosa, y algunos usuarios regulares han denunciado la existencia de taxímetros adulterados, o incluso cobros sin taxímetro; vehículos en mal estado; malos tratos; o negarse a ofrecer el servicio.

Las plataformas on-line resuelven buena parte de estos problemas: los “socios conductores” no necesitan estar circulando por la ciudad en busca de pasajeros, ya que la solicitud les llega georreferenciada, y la capacidad de elegir del pasajero es bastante amplia en tanto existen evaluaciones mutuas.

Obviamente, estas nuevas tecnologías introducen nuevos desafíos a los reguladores, y es poco realista pensar en que empresas como Uber o Cabify operen al margen de toda norma. Sin embargo, una nueva regulación debe diseñarse en favor de las personas, y no de los intereses de un cartel que no desea que entre competencia a su mercado.