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Alto contrasteUna transición quebrada
Chile está asistiendo a un episodio impropio en un traspaso de mando. Lo que hasta hace pocas semanas se percibía como una transición ordenada entre los Gobiernos de Gabriel Boric y José Antonio Kast, ha derivado en una confrontación pública en torno a la entrega de información sensible sobre un cable submarino chino y las advertencias de Estados Unidos respecto de los riesgos para la seguridad del hemisferio. Profusas declaraciones contradictorias y un manejo errático del Gobierno saliente instalaron una situación confusa –sobre la cual la opinión pública aún no dispone de información suficiente para formarse un cuadro completo-, que detonó en un inusitado quiebre entre ambas administraciones.
En el fondo, el episodio refleja la fricción política actual, que ha derivado en una disputa donde la mayor responsabilidad es de la administración saliente, con su esquiva disposición a informar al próximo Gobierno sobre un asunto estratégico para el país.
La esquiva disposición del Gobierno para informar sobre un asunto estratégico, terminó por escalar un conflicto innecesario.
El trasfondo es conocido, pero sigue incompleto. Fue la sanción de EEUU a tres funcionarios chilenos lo que puso en escena las aceleradas negociaciones del Gobierno con empresas chinas para construir un cable entre Hong Kong y Valparaíso. La reacción de sorpresa inicial de La Moneda y sus declaraciones minimizando el estado de avance del proyecto debieron dar paso al reconocimiento de un decreto de concesión firmado y luego retirado, ante la evidencia revelada por El Mercurio, y cuyas versiones de suspensión son contradictorias. En los 12 días transcurridos desde que estalló el asunto, distintas autoridades entregaron explicaciones opuestas, con antecedentes que surgían por goteo. El detonante final fueron las declaraciones del Presidente Boric a Mega, este lunes, asegurando haber proporcionado la información “semanas antes” al mandatario electo, cuando en realidad lo abordó en una llamada de 16 minutos, el 18 de febrero, que incluyó muchas otras materias. Kast exigió una “aclaración” -pues el tema solo se le habría “enunciado”-, lo que según Boric fue una solicitud de “retractación”, a la que se negó. Más allá de las diferencias semánticas, lo cierto es que siendo un asunto de Estado, lo razonable era tratarlo en una instancia específica, con documentación clara y un traspaso ordenado. El desenlace ha sido la decisión del mandatario electo de terminar las reuniones bilaterales y con ello cerrar anticipadamente el proceso de traspaso. Se trata de una medida excepcional, que deja abierta la pregunta respecto de si era necesaria una decisión de tal magnitud, considerando que para los equipos entrantes aun restaba información por conocer en otros ámbitos. Tampoco está claro si el mandatario electo eligió en algún un punto no recibir información de Boric, al no contestarle un llamado el 20 de febrero, pero aun ello no exculparía al actual Gobierno de ser el principal responsable en este opaco episodio.
La dimensión institucional, por otro lado, ha contribuido a agravar el cuadro, con una transición extensa, en la que se superponen el poder formal del Presidente en ejercicio y la legitimidad del mandatario electo, lo que multiplica los incentivos para una disputa de relatos. Toda esta combinación ha elevado un conflicto que ahora ofrece municiones a la futura oposición, y en particular al FA y el PC, para adoptar posiciones aún más duras que dificulten los acuerdos en el Congreso.
Nada de esto era inevitable, lamentablemente los costos se pagan en gobernabilidad.
