Ante dificultades financieras y en medio de negociaciones para modificar su segundo plan de reorganización judicial, mientras intenta acogerse al Capítulo 11 en EEUU, Oi sufrió este martes un importante revés. La jueza brasileña Simone Chevrand, del 7.º Juzgado de lo Mercantil de Río de Janeiro, ordenó la intervención de la empresa y la destitución de sus directores.
El juez designó a Bruno Rezende como interventor en Oi para gestionar la transición de los servicios públicos, ordenando la destitución de los miembros del consejo de administración y del consejo ejecutivo del grupo. Tatiana Binato fue designada para liderar la transición de los servicios públicos prestados por las filiales Serede y Tahto.
El flujo de caja proyectado de Oi es de aproximadamente 21 millones de reales (US$ 3.953 millones) al final del mes y, sin una suspensión temporal del cobro de créditos, podría ser negativo en US$ 33.511 millones al final de octubre, según información del proceso.
Los mayores accionistas de la compañía de telecomunicaciones actualmente son los acreedores que convirtieron su deuda en acciones durante el proceso de recuperación judicial, el mayor de los cuales es Pimco, con una participación del 36,37%. La compañía planea apelar la decisión del martes, según ha sabido Pipeline.
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El juez también ordenó la suspensión de las obligaciones extraconcursales, por un total de US$ 282.397 millones, durante 30 días. Esto incluye el crédito de V.tal, empresa de fibra óptica controlada por BTG Pactual y una empresa conjunta con Oi. V.tal otorgó una financiación DIP a Oi en el segundo RJ, con prioridad de pago y protegida de futuras reestructuraciones, por un monto de US$ 138.186 millones También tiene US$ 37.653 millones a recibir por la prestación de servicios de conexión, que también se clasificarían como extraconcursales.
La jueza también ordenó la indisponibilidad de las acciones de NIO, empresa de banda ancha orientada al consumidor, creada a partir de la compra de Oi Fibra por R$ 5.700 millones este año, la cual fue aprobada por la misma jueza que dictó la sentencia del martes. También desestimó el monto del arbitraje interpuesto por Oi contra Anatel ante el Tribunal.
Oi estaba en proceso de solicitar una enmienda a su segundo plan de quiebra, alegando falta de liquidez para operar.
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La compañía estaba considerando acogerse al Capítulo 11 de la Ley de Quiebras en Estados Unidos, ya que no puede hacerlo de nuevo en Brasil debido al intervalo de cinco años entre los procedimientos de quiebra. Además, los procedimientos de quiebra estadounidenses permiten la inclusión de créditos extraconcursales.
El juez destacó que la decisión de hoy pretende anticipar parcialmente los efectos de la quiebra, permitiendo la necesaria transición de la prestación de los servicios esenciales prestados por Oi, incluso a los organismos públicos, al mismo tiempo que le permite negociar con sus acreedores por un plazo de 30 días para resolver la liquidación total o la continuación del proceso de RJ.
Revisa la nota completa en Valor, Económico.
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