Grupo Rassmuss y reorganización de Cemin: "Ha estado en una situación difícil debido atrasos en la obtención de permisos y a problemas en su administración pasada"
La venta de Minera Pullalli y de los relaves Domeyko, junto con los activos de Inmobiliaria Cemin SpA y de Compañía Minera El Inglés, forman parte del listado a liquidar. “Las garantías del grupo minero dispuestas en este acuerdo cubren la totalidad de sus obligaciones”, señalaron.
Por: Francisco Noguera
Publicado: Viernes 24 de abril de 2026 a las 04:00 hrs.
Foto: Verónica Ortíz
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Un profundo ajuste se viene para el brazo minero del grupo Rassmuss, Cemin. Fundada en 1982, la compañía —parte de la mediana minería dedicada a la extracción y procesamiento de cobre y oro— se desprenderá de operaciones en Pullalli y Domeyko.
El reciente Acuerdo de Reorganización Extrajudicial (AREJ) que firmó la compañía -que Señal DF dio a conocer esta semana- la obligará a iniciar un plan de liquidación de activos para saldar las deudas con sus principales acreedores, Santander y Glencore. La reorganización es llevada adelante por los profesionales del estudio Nelson Contador Abogados & Consultores.
El proceso marcará un antes y un después para el negocio. De hecho, la reciente salida de Juan Enrique Rassmuss de la presidencia de la acerera CAP se gatilló justamente para que el empresario resolviera sus desafíos internos. El grupo Rassmuss respondió por escrito a este medio, señalando que el empresario "dejó la presidencia de CAP para dedicar tiempo a sus otros negocios y, en especial, a Cemin".
Los ajustes dentro de Cemin se venían desarrollando desde hace meses. En abril de 2025 asumió una nueva primera línea, con Roberto Rojas como gerente general y Miguel Yáñez en la gerencia legal. Posteriormente, el propio Juan Enrique retomó la presidencia. ¿Su objetivo? "Liderar la reestructuración de la compañía", señalaron, dado que la "compañía minera efectivamente ha estado en una situación difícil debido a atrasos en la obtención de permisos y a problemas en su administración pasada".
Zoom a la venta de activos
Fue en marzo de este año que la sociedad Cemin-Pullalli ingresó a un procedimiento concursal y al que llegó a acuerdo el 16 de abril pasado. Con eso, Cemin evitó su liquidación forzosa y el inicio de juicios en contra de sus ejecutivos.
El Acuerdo de Reorganización Extrajudicial fue aprobado por los dos principales acreedores: Banco Santander y Glencore. En detalle, Cemin le adeudaba $60.000 millones a Santander y $13.700 millones a Glencore, representando en conjunto el 86% de la deuda total con terceros, excluyendo las sociedades relacionadas del grupo.
El pago se realizará por dos vías: los ingresos que siga generando la operación de Cemin y el producto de la venta de activos.
En este último caso, se designó como veedor a Enrique Ortiz D'Amico, quien deberá enajenar las unidades de negocio que llevarán al grupo a despedirse de la provincia de Huasco (III Región) y de Petorca (V Región), para concentrar sus operaciones en Catemu.
El listado de activos con el cartel de "Se Vende" es el siguiente: Planta Mina Pullalli; activos inmobiliarios de Inmobiliaria Cemin SpA; activos de Compañía Minera El Inglés SCM; relaves de oro Domeyko; activos de SLM Veta Gruesa Tercera de la Sierra Los Lirios; y propiedades mineras Santa Rosa.
En el caso de la Planta Mina Pullalli y los relaves Domeyko, la venta no se iniciará sino luego de transcurridos 18 y 14 meses, respectivamente, contados desde la aprobación del acuerdo. Cemin también se comprometió a un plan de operación mínimo, con gastos conservativos que aseguren la preservación del valor de los activos.
Pero la venta de activos no fue el único pilar del acuerdo. Para respaldar el resto de sus acreencias, el grupo Rassmuss debió blindar a la banca con una red de hipotecas y prendas que compromete incluso sus otras líneas de negocio.
Banco Santander recibió el respaldo de Inversiones Hierro Viejo SpA, que entregó en prenda 22.100.000 acciones de Invercap -el equivalente al 14,8% de la propiedad, valoradas en torno a $ 46,8 mil millones-. A eso se suman la hipoteca y prenda sobre la Planta Amalia en Catemu y las oficinas de la empresa en Paseo Ahumada 131, entre otras garantías.
Por su lado, los créditos de Glencore International AG quedan garantizados con prendas e hipotecas sobre activos de Compañía Minera El Inglés en Rancagua, Mina El Seco y Mina Uva, más prenda sobre los contratos de compraventa de minerales futuros y los flujos asociados al Contrato Offtake vigente.
"El acuerdo fue celebrado con el objeto de asegurar la continuidad operacional de Cemin, sostener las inversiones indispensables para mantener su nivel de producción y resguardar la estabilidad de sus relaciones comerciales y, fundamentalmente, mantener la fuente de empleo de más de 600 trabajadores, en su mayoría vecinos de la comuna de Catemu y sus alrededores", detalla el documento.
Desde el grupo Rassmuss agregaron que “actualmente Cemin opera con normalidad, cuenta con un plan y estrategia de producción para cerrar este capítulo. Desde enero ya exhibe un aumento de producción y resultados positivos”.
Asimismo, agregaron que las garantías del grupo minero dispuestas en este acuerdo cubren la totalidad de sus obligaciones.
El impacto también tuvo consecuencias para el resto de las sociedades de la familia, las cuales acumulaban acreencias contra Cemin-Pullalli por $ 32.021 millones y fueron castigadas con una cláusula de "subordinación": no podrán cobrar hasta que Santander y Glencore estén totalmente pagados. Entre las principales afectadas figura la Fundación de Beneficencia Pública Familia Rassmuss, que prestó más de $ 12.040 millones a la minera.
El por qué de la crisis
Las causas del deterioro quedan explicitadas en el propio acuerdo con los acreedores: "La suscripción del acuerdo se inserta en un contexto de dificultades operacionales y financieras derivadas, entre otros factores, de cambios mineralógicos relevantes en sus yacimientos, aumento de costos, exigencias regulatorias crecientes y subutilización de su capacidad instalada, lo cual afectó su liquidez y capacidad de cumplimiento oportuno", señala el documento legal.
La crisis no fue un tropiezo repentino de 2025. Al mirar el balance general incluido en el acuerdo, la historia luce así: deudas totales por $ 117.559 millones, pérdidas acumuladas de arrastre por $88.553 millones, y un resultado negativo de $ 1.663 millones solo en 2025.
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