Mientras la COP25 comienza a tomar fuerza en la agenda, el gobierno se prepara para ingresar al Congreso el proyecto de ley marco de Cambio Climático el segundo semestre de este año. Esta iniciativa se impulsa bajo la premisa de que Chile no cuenta con un marco jurídico que permita asignar responsabilidades de reducción de emisiones o exigir implementación y reporte de medidas de mitigación de emisiones y adaptación a los impactos del cambio climático.
En ese contexto, el gobierno presentó un anteproyecto abriendo un proceso de consulta pública el 18 de junio que concluyó ayer. La inquietud era tal que, al cierre de esta edición, la iniciativa ya había recibido 1.298 observaciones desde personas naturales, fundaciones, universidades, empresas, gremios empresariales, entre otros.
El anteproyecto, que fue elaborado tras un proceso de participación temprana, destaca principalmente la obligación de Chile de alcanzar la carbono neutralidad a 2050, transformándose en el primer país en vías de desarrollo en fijarlo a través de una ley. Entre otros elementos, establece la obligación de desarrollar una estrategia climática de largo plazo que defina metas de reducción de emisiones por sector, las que permitirán cumplir con la meta nacional e incluirá metas de adaptación al cambio climático.
Uno de los actores que sacó la voz fue la Sociedad Nacional de Minería (Sonami) frente al objetivo de mitigación que contempla el anteproyecto de ley en orden de alcanzar la carbono neutralidad al 2050. “Es una meta con un acento exclusivo en el componente de mitigación. Se observa con preocupación que la ley otorga un tratamiento especial a dicho componente, por sobre el de adaptación, debiendo ser considerados ambos en una meta nacional, que permeará el marco regulatorio climático”, se asegura.
Respecto de la meta de mitigación propiamente tal, el anteproyecto establece una meta de carbono neutralidad a 2050 “de forma absoluta, no considerando los aspectos o condiciones necesarias para poder asegurar dicho resultado en el tiempo”. “Es fundamental que la meta de carbono neutralidad esté sujeta a condiciones habilitantes que permitan su cumplimiento, tales como, asegurar el suministro de energía, apoyo en materia de transferencia tecnológica, financiamiento, entre otros”, dice.
En tanto, la Fundación Espacio Público pone la lupa bajo los instrumentos de gestión del cambio climático. Indica que en términos generales esto requiere de un mayor trabajo para que los planes tengan más posibilidades de ser implementados a través de los sectores. Así, agrega, se requiere asegurar que las metas impuestas para cada sector sean las requeridas para lograr la neutralidad. Además, se solicita aclarar qué instrumentos tendrán los sectores para garantizar que los actores privados –principales responsables de las emisiones- logren modificar sus acciones para cumplir con las metas propuestas.
Consultada por el proceso, la ministra del Medio Ambiente, Carolina Schmidt, destacó que “el propio anteproyecto se construyó con un amplio proceso de participación temprana visitando en dos ocasiones todas las regiones del país, realizando talleres con más de 1.800 personas. Para, luego, desarrollar un inédito proceso de participación ciudadana prelegislativa, que incluyó más de 25 talleres en todas las regiones en las que participaron cerca de 1.200 personas, permitiendo recoger opiniones que podrán ayudar a enriquecer la iniciativa”.
De esta manera, agregó que “luego de haber realizado un intenso e inédito proceso de participación, esperamos ingresar el proyecto al Congreso entre agosto y septiembre de este año”.
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