Terrorismo en el sur: lo que el Estado sigue negando

Uno de los mayores obstáculos para avanzar en una política de Estado que ponga fin a la violencia que hace más de dos décadas golpea a La Araucanía, es la falta de una definición clara de ese fenómeno. Sucesivos gobiernos lo han descrito con medias verdades como “delincuencia” o “crimen organizado”, o con eufemismos apenas creíbles, como “violencia rural”. Pocas autoridades, sin embargo, se han referido a los ataques, incendios y asesinatos como actos terroristas.

La actual administración -pese a que ha mantenido un estado de excepción que involucra la participación de las FFAA, una medida de excepcional gravedad- se ha mostrado especialmente reticente a hablar de “terrorismo”, evitando el término en todas sus intervenciones sobre esa problemática.

En lugar de eso, su enfoque tiene dos líneas argumentales. Por un lado, denuncia que la escalada de violencia se debe a mafias delictivas vinculadas al robo de madera o, tal vez, al narcotráfico; es decir, un problema esencialmente policial y judicial. Por otro, enfatiza la necesidad de “diálogo con todos los actores”, la importancia de la restitución de tierras a las comunidades indígenas (mapuche, pues ninguna otra etnia prehispánica califica para ese trato en el discurso oficial) y la urgencia de enfrentar muy postergadas carencias socioeconómicas en esa parte del país (que son, por cierto, profundas y muy reales). Esto es, un problema político.

Como recogió ayer la edición de DF Mas, el atentado sufrido hace dos semanas por la ex core Carmen Phillips en Perquenco -uno más entre muchos de características similares contra otras víctimas- no admite otro calificativo que el de terrorismo. El móvil de los atacantes -todos jóvenes y encapuchados- no fue el robo, sino la sola destrucción de su casa y sus propiedades (su camioneta, un tractor, un depósito de combustible), justificada por un lienzo alusivo a la “causa mapuche” y una amenaza previa de “recuperar tu tierra”.

Causar miedo mediante la violencia -en las víctimas directas, pero también por extensión en el conjunto de la ciudadanía y en las autoridades-, amparados en una causa política o ideológica, es lo que persiguen los terroristas. Mientras el Estado de Chile no reconozca de forma explícita que esa es la naturaleza de lo que ocurre en el sur, la violencia continuará escalando, en medio de la impunidad.