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Alto contrasteTres claves para modernizar el mercado laboral chileno
Por Marcela Perticará, directora del Departamento de Economía, de la Facultad de Administración y Economía de la Universidad Diego Portales.
En Chile llevamos años discutiendo sobre la necesidad de modernizar nuestro mercado laboral, pero la realidad es que seguimos con un rezago importante frente a economías comparables. Si bien somos reconocidos como un país modelo en estabilidad institucional y crecimiento, nuestras cifras en empleo muestran una cara distinta: según la última Encuesta Nacional de Empleo del INE, más de un 25% de la fuerza laboral trabaja en la informalidad, es decir, más de 2 millones de personas sin acceso a seguridad social, salud ni protección alguna frente a eventos de desempleo. Esta cifra revela que el desafío ya no es solo crear empleo, sino asegurar que sea formal, estable y de calidad.
Frente a este escenario, el primer gran cambio debe ser superar la lógica de una legislación segmentada entre lo formal y lo informal, y avanzar hacia un marco laboral que otorgue protección efectiva a todos los trabajadores. El sistema actual, basado en indemnizaciones acotadas y altos costos de entrada a la formalidad, genera incentivos perversos: fomenta contratos alternativos, desincentiva relaciones de largo plazo y deja fuera a independientes y trabajadores a honorarios. La modernización exige fortalecer los seguros de desempleo, ampliar la cobertura en salud y pensiones, y al mismo tiempo reducir las cargas administrativas y tributarias que hoy hacen prohibitivo para muchos emprendedores y trabajadores independientes incorporarse al sistema formal. La meta es clara: más seguridad y menos barreras, para que la protección social sea realmente universal y sostenible.
El segundo gran desafío es garantizar que incluso en un mercado más flexible se preserve la salud y seguridad de los trabajadores. Hoy la institucionalidad laboral en esta materia es débil: las multas por incumplimiento son bajas y la fiscalización escasa. La transformación requiere elevar los estándares de fiscalización, profesionalizar las inspecciones laborales y revisar la proporcionalidad de las sanciones. Un accidente laboral o la exposición a riesgos no puede ser visto como un costo menor, sino como un fracaso del sistema.
Finalmente, es clave reconocer que toda política tiene un objetivo principal, no dos. Las medidas orientadas a mejorar las condiciones laborales pueden traer beneficios evidentes en equidad y protección, pero también generar costos importantes en términos de empleo. Estos costos son especialmente relevantes en un contexto de cambio tecnológico acelerado, donde la reconversión laboral puede tomar tiempo y generar pérdidas significativas de empleo en el corto plazo, que incluso podrían transformarse en efectos permanentes si no se gestionan adecuadamente. Diseñar políticas con objetivos claros, conscientes de sus beneficios, pero también de sus costos, es la única forma de avanzar hacia un mercado laboral más moderno y resiliente.
Por lo tanto, modernizar el mercado laboral significa generar reglas claras que hagan compatible la productividad con la protección social. Si seguimos discutiendo reformas por la excepción, sin mirar el cuadro general, seguiremos atrapados en la informalidad y en relaciones laborales frágiles. La verdadera modernización será aquella que logre combinar flexibilidad con seguridad, equidad con productividad, y que convierta al trabajo en la base de una sociedad más cohesionada.
