Desde el año pasado, varios países latinoamericanos han tomado medidas en torno a las políticas destinadas a evitar saltos en el valor de los combustibles, con el afán de reducir sus respectivos déficit fiscales o redirigir recursos para ayudas sociales.
La persistente amenaza al suministro petrolero global derivado de la guerra en Medio Oriente, provocando un alza internacional en el precio del crudo, ha vuelto a poner este tipo de medidas sobre el tapete, tal como ocurrió en Chile con la determinación anunciada este martes por el Gobierno de José Antonio Kast.
En la región -recientemente y previo al conflicto bélico- habían tomado acciones en esa línea otras administraciones de derecha, como la de Rodrigo Paz en Bolivia y Daniel Noboa en Ecuador, aunque en la vereda de enfrente también han seguido la tendencia, como fue el caso de Gustavo Petro en Colombia
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Colombia: Petro limitó a transporte de carga los subsidios al diésel
El precio de los combustibles no ha sido un tema fácil para el Presidente de Colombia, Gustavo Petro. Cuando llegó al poder, el país -que produce crudo pero es importados neto de diésel y gasolina- tenía un gran problema fiscal relacionado con el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles, el cual generó una deuda millonaria en el Estado.
En ese contexto, decidió aumentar gradualmente el valor de la gasolina para reducir la deuda, sin dejar de entregar el subsidio al diésel. Eso proceso había terminado en febrero, cuando anunciaron la primera reducción del precio de la gasolina. Sin embargo, la guerra en Medio Oriente obligó a cambiar los planes.
Petro publicó en X, que en estas circunstancias se veían en la necesidad de crear un sistema intensivo de subsidios a fertilizantes, producto que también va al alza por el conflicto bélico. En ese marco, el mandatario planteó que “no se podrá generar subsidios a la gasolina y si esta aumenta su precio internacional, también subirá en Colombia” y agregó que el subsidio que proporciona el Gobierno de Colombia al diesel se limitará exclusivamente al transporte de carga.
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Bolivia: Paz apuntó al déficit fiscal
En diciembre de 2025, un mes después de asumir como Presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, declaró en el país una “emergencia económica y social”, tomando la determinación de poner fin a los subsidios a los combustibles como parte de su paquete de reformas en materia energética y con el fin de contener el déficit fiscal y enfrentar un desabastecimiento que la nación arrastraba desde 2024, en un contexto de escasez de dólares.
En ese entonces, la medida provocó un aumento de 86% en el precio de la gasolina y un alza de más de 160% en el precio del diésel, calificando como uno de los ajustes de precios de la energía más abruptos en la historia reciente del país, que es un importador neto de combustibles.
La política desató una rápida reacción social, con bloqueos y protestas de organizaciones gremiales que exigían revertir la decisión. Ante la presión, el Gobierno alcanzó un acuerdo que mantuvo el nuevo esquema anunciado anteriormente, pero incorporó medidas de compensación, además de otros apoyos sociales.
Según el Ministerio de Hidrocarburos, la medida permitió un ahorro cercano a US$ 400 millones en poco más de un mes, impulsado por una caída en el consumo interno de combustibles.
Tras décadas de ser un país exportador, en el último tiempo, Bolivia se ha consolidado como un importador neto de hidrocarburos.
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Ecuador: Noboa y el fomento al ahorro nacional
En septiembre de 2025, el Presidente de Ecuador, Daniel Noboa, eliminó el subsidio al diésel con el objetivo de fomentar un ahorro anual de US$ 1.100 millones que serían destinados a medidas de protección social y subvenciones para incentivar la producción nacional.
“La decisión está tomada, los recursos tienen que ir a quienes más lo necesitan”, señalaron en ese entonces desde el Gobierno. Ecuador, al igual que Colombia, produce crudo, pero es importador neto de combustibles.
La política generó un incremento en el precio de los combustibles en las estaciones de servicio de US$ 1,80 a US$ 2,80 por galón, profundizando las alzas que ya se venían registrando desde que en junio de 2024 se eliminaron los subsidios a las gasolinas Extra y Eco País, las de mayor consumo en el país.
La medida forma parte del plan económico de Noboa para reducir el déficit estatal, que alcanzó casi el 5% del Producto Interno Bruto al inicio de su mandato en 2023, y para cumplir con las metas del programa crediticio del Fondo Monetario Internacional (FMI), que asciende a US$ 5.000 millones entre 2024 y 2028.
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