En diciembre de 2023 se modernizó la Ley de Compras Públicas. La reforma incorporó procedimientos que, según ChileCompra, buscan “impulsar la innovación mediante la demanda pública de bienes y servicios por parte del Estado”.
La modificación también creó el Comité de Compras Públicas de Innovación y Sustentabilidad (Comité CPIS), integrado por representantes de los sectores público y privado. Entre sus funciones está evaluar el funcionamiento y los resultados de la política.
El académico de la Universidad Adolfo Ibáñez e integrante del Comité CPIS, Andrés Zahler, explicó a DF que la ley incorporó dos nuevos procedimientos. El Contrato para la Innovación “permite financiar el desarrollo y la prueba de una solución cuando no hay una adecuada disponible en el mercado”. El Diálogo Competitivo de Innovación, en tanto, “sirve para necesidades complejas que requieren conversar con proveedores para precisar qué solución se necesita”, explicó.
Ambos mecanismos están disponibles en Mercado Público desde junio de 2025. Aunque todavía no se han concretado compras bajo estas modalidades, durante 2026 ChileCompra ha sostenido reuniones técnicas con 17 organismos estatales: 10 iniciaron procesos de acompañamiento y seis están en fases exploratorias para abordar sus desafíos mediante la compra pública de innovación.
La directora ejecutiva de Grande PYME, Katia Trusich, valoró la creación de los instrumentos y destacó que “ha funcionado la base institucional”. Sin embargo, enfatizó que “falta lo que más importa, cifras públicas de contratos adjudicados y de montos”.
Más crítico fue el fundador de FirmaVB, empresa de asesoría en compras públicas, Enrique Varas. “Muy bonita la idea, pero muy mala la implementación, o sea, si no hay ventas no hay negocio y no funciona”, afirmó. No obstante, entre los aspectos positivos reconoció que “es una política con ejes claros” y valoró que se pague “por armar el diseño (de las soluciones)”.
Zahler identificó algunos de los principales obstáculos para que más PYME tecnológicas y startups utilicen estos procedimientos. A su juicio, “una primera dificultad es que las empresas no siempre conocen el mecanismo ni saben cómo participar”. Además, puntualizó que “también pesan la incertidumbre y el tiempo. Una empresa pequeña debe dedicar personas y recursos a comprender el problema y preparar una propuesta, sin tener certeza de que el proceso terminará en una compra”.
Incentivos
El 24 de septiembre, el Comité CPIS sesionó y dio a conocer los resultados preliminares de la consulta ciudadana para la nueva Política de Compra Pública de Innovación 2027-2028. En el proceso se preguntó a los organismos públicos participantes qué tipos de apoyo necesitan. Casi el 60% mencionó el acompañamiento técnico; el 42,1%, la creación de un fondo específico para estas compras; y el 36,8%, reglas claras de los organismos fiscalizadores.
Zahler destacó que ChileCompra ofrece apoyo técnico y realiza capacitaciones para acompañar a los organismos estatales en estos procesos. “Esto, sin embargo, debiera ir acompañado por incentivos financieros a las instituciones, y claridad en las reglas para gestionar los riesgos (en caso de que el prototipo no resulte)”, afirmó. El académico agregó que “el Comité de Compras Públicas de Innovación está trabajando con la Contraloría para dar esta certeza”.
Trusich coincidió y sostuvo que “para un funcionario, comprar lo conocido es seguro; comprar algo que todavía está en desarrollo lo expone ante la Contraloría si falla, y si resulta, rara vez se premia. Las orientaciones que ChileCompra prepara con la Contraloría van en la dirección correcta”.
Varas, en cambio, expresó dudas sobre los incentivos que tienen los organismos para utilizar los nuevos mecanismos. “El comprador usualmente está atrasado. Comprar futuro, ideas, entendiendo que tienen una caja apretada, no creo que tengan un incentivo claro”, señaló. Y advirtió: “Es una idea y puede salir mal”.
Lineamientos y metas claras
Para Zahler, una de las medidas necesarias para mejorar la política es “fortalecer el acompañamiento técnico y las herramientas prácticas para los equipos que preparan y ejecutan las compras, en línea de lo que se viene haciendo, pero incluyendo el apoyo de gestión de innovación”. También enfatizó la necesidad de “acordar orientaciones claras con los organismos fiscalizadores sobre cómo documentar los procesos y evaluar sus resultados”. Finalmente, llamó a “explorar mecanismos de incentivo financiero para apoyar el presupuesto de compras”.
Trusich, por su parte, puso el acento en cuatro medidas. La primera es establecer “metas de resultado” que se midan en “contratos y montos adjudicados a PYME tecnológicas y startups, publicadas cada año”. También propuso generar una “ruta del piloto”, que consiste en transparentar al inicio de cada proceso “cuánto se comprará si la solución cumple”.
Adicionalmente, planteó establecer condiciones de pago acordes con el tamaño de las empresas. En esa línea, apuntó a la necesidad de implementar “pago por hitos, con un plazo efectivo de 30 días y reemplazar la boleta de garantía por una póliza, para que la startup destine su caja a desarrollar”. Finalmente, propuso crear “un calendario anual de desafíos coordinado con Corfo y la Ley I+D”.
Varas, en tanto, propuso que Corfo cree un fondo de innovación y “que lo reparta por instituciones”. El socio de FirmaVB también señaló que “la Contraloría tiene que pronunciarse para que no estén asustados los que compran respecto a que una innovación puede salir mal”.
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