Chile sigue enfrentando el desafío de aumentar la inversión privada en investigación y desarrollo (I+D). Según la última Encuesta de Gasto y Personal en I+D -publicada en julio de 2026 y que toma como referencia el año 2024-, el gasto total del país en esta materia cayó de 0,41% del producto interno bruto (PIB) en 2023 al 0,38% en 2024. Esta cifra sitúa a Chile lejos del promedio de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), que alcanzó el 2,72% el mismo año.
A nivel del gasto privado, la encuesta señala que 2.163 empresas ejecutaron I+D, 359 más que en 2023. Sin embargo, el gasto total en I+D de este segmento alcanzó $ 502.746 millones, con una caída de 9,2% respecto de 2023, cuando llegó a $ 553.727 millones.
De acuerdo con un informe de Corfo con Icare publicado en marzo de este año sobre una base de 1.804 empresas que ejecutaron I+D en 2023, solo un 3,8% utilizó la Ley de Incentivo Tributario a la I+D y solo un tercio de las empresas declaró conocer este beneficio.
No obstante, este instrumento -que permite a las empresas deducir del impuesto de primera categoría el 35% de sus gastos certificados por Corfo y recuperar hasta el 52,55% de lo invertido- registró en 2025 su segundo mayor monto histórico desde 2012, por $ 268.534 millones en 114 proyectos certificados, con un 79% concentrado en las grandes compañías.
EBCT: “En los últimos años hemos tenido que comprar muchos instrumentos científicos y no nos hemos podido acoger a la Ley de I+D. Lo hemos intentado tres o cuatro veces”, dijo Chávez, quien cuestionó la complejidad para obtener la certificación de Corfo para ocupar la ley.
En este escenario, tres referentes del ecosistema de innovación compartieron sus propuestas para incentivar la inversión privada en esta materia.
Alan García: atraer empresas tecnológicas y sandboxes
El exdirector ejecutivo de Sofofa Hub y fundador de Simply Human Ventures, Alan García, señaló que la matriz productiva chilena, concentrada en sectores como minería, agroindustria y forestal, limita el crecimiento de la inversión privada en I+D. Dijo que estas industrias representan menos del 5% del gasto mundial en I+D, mientras que “más del 95%” corresponde a sectores tecnológicos, según estudios de la Fundación Nacional de Ciencias (NSF, su sigla en inglés) y The 2025 UE Industrial R&D Investment Scoreboard, citó.
En esa línea, planteó que, para “mover la aguja” de la economía local, se debe “atraer desarrollo e inversión de empresas tecnológicas” intensivas en I+D.
Para ello, propuso crear políticas que integren incentivos tributarios, facilitación de trámites de permisología y concesiones de uso de terrenos fiscales que incentiven la atracción de firmas como hyperscalers (centros de datos a gran escala), empresas de biotecnología y robótica industrial y centros de desarrollo de materiales avanzados.
Eduardo Bitran, UAI.
García instó a impulsar políticas que incentiven la exportación de servicios tecnológicos, con apoyo de ProChile y alianzas con compradores internacionales.
Respecto a la Ley I+D, planteó elevar el tope de crédito tributario anual de UTM 15 mil ($.1.082 millones a 30 de octubre de 2026) a UTM 30 mil “e idealmente UTM 45 mil”, dijo.
También propuso crear alternativas para empresas pequeñas y medianas “que venden menos de UF 1 millón, como rebajar el IVA en lugar del impuesto a la renta”. Además, sugirió simplificar los procesos de certificación, y extender el incentivo a la innovación abierta y al capital de riesgo.
“Es decir, sumar la posibilidad de invertir en empresas de base científico-tecnológica y no solo en proyectos”, explicó.
Asimismo adhirió a la idea de crear sandboxes -entornos de prueba- regulatorios para etapas de I+D y pilotaje, por ejemplo,“para el desarrollo de especies vegetales o materiales avanzados”. Dijo que es clave la participación temprana de agencias, como el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) y el Instituto de Salud Pública (ISP), “para facilitar pruebas de nuevos desarrollos”, afirmó.
Alan García, Simply Human Ventures. Crédito: Tamara Silva
Eduardo Bitran: empresas gacela y consorcios tecnológicos
El exvicepresidente ejecutivo de Corfo (2014-2018) y académico de la Universidad Adolfo Ibáñez (UAI), Eduardo Bitran, señaló que la inversión privada en I+D en Chile “es del orden del 0,2% del PIB, al menos cinco veces más bajo que el promedio de inversión privada en países OCDE”.
Entre los factores limitantes, apuntó al enfoque “de corto plazo” en los directorios, que vinculan los indicadores de desempeño a resultados inmediatos, relegando las inversiones en I+D+i (investigación, desarrollo e innovación), cuyos retornos requieren plazos mayores.
Bitran cuestionó que las gerencias de innovación de algunas compañías estén desvinculadas de los altos ejecutivos y directorios, y de los desafíos operacionales.
“Por eso no logran armar esquemas, proyectos y propuestas que encajen bien en la estrategia empresarial”, dijo.
Para revertirlo, planteó modificar los incentivos internos de las empresas e incorporar capital humano avanzado que permita gestionar proyectos de innovación.
Pamela Chávez, Domolif.
Mencionó que, según cifras de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo (ANID), solo el 6,7% de los doctores trabaja en compañías, “muy distinto a la situación de los países más desarrollados”.
Por otro lado, Bitran propuso impulsar el desarrollo de las empresas gacela, que definió como aquellas de rápido crecimiento, intensivas en I+D+i y que contribuyen a la generación de empleo y al crecimiento económico.
“Estas no son necesariamente empresas pequeñas o startups, algunas son medianas y, según estudios, hasta 2022 son las que explicaban más del 50% del crecimiento del empleo”, afirmó.
Sin embargo, advirtió que las gacela enfrentan dificultades para financiar su expansión, dado que el capital de riesgo en Chile se concentra en etapas tempranas, por lo que enfatizó que se debe desarrollar capital de riesgo para fases de escalamiento, con la creación del fondo de fondos.
Bitran también planteó extender las garantías de Corfo, como el Fondo de Garantía para Inversiones y Capital de Trabajo (Fogain) a firmas con ventas anuales de hasta UF 1 millón.
Respecto de la Ley I+D, planteó elevar el tope de los beneficios para grandes compañías, incorporar mecanismos para empresas de rápido crecimiento que “no tienen grandes utilidades” y reducir los tiempos de certificación de Corfo de 180 días a“dos o tres meses máximo”.
Bitran instó a fortalecer el desarrollo de consorcios tecnológicos -entre empresas, universidades y centros de investigación- para abordar desafíos productivos comunes, hacer I+D, realizar pilotos y transferir tecnología.
Pamela Chávez: escalar empresas de base científico-tecnológica
La cofundadora y CEO de Domolif, Pamela Chávez, señaló que una de las principales barreras para aumentar la inversión privada en I+D es que las empresas todavía la consideran “un gasto y no una inversión”, y señaló que, aunque comprar tecnología les permite ser más eficientes, “generar el músculo y desarrollar innovación permite ser competitivos y generar nuevas industrias”.
Por otro lado, Chávez dijo que, mientras sectores como la minería enfrentan ciclos de precios del cobre “históricamente elevados”, con una creciente necesidad de innovación, Chile requiere avanzar en el escalamiento de empresas de base científico-tecnológica (EBCT) y pasar del financiamiento de prototipos y pilotos a contratos tecnológicos e inversiones productivas, a través de “nuevos instrumentos de financiamiento y riesgo compartido que apoyen infraestructura, capital de trabajo y operación”.
“Los programas de compra local de la gran minería deben evolucionar hacia programas de prueba, validación y adopción de tecnologías chilenas, facilitando que los pilotos exitosos se transformen en contratos comerciales”, comentó.
Chávez planteó modernizar la Ley I+D, porque “responde menos a las necesidades de las EBCT, que reinvierten continuamente, y muchas veces aún no generan utilidades”.
En esa línea, llamó a establecer incentivos tributarios específicos para invertir en este tipo de compañías, junto con créditos reembolsables y mecanismos que “faciliten financiar su escalamiento y capacidad productiva”.
Chávez cuestionó la complejidad del proceso de certificación, particularmente para las EBCT, que realiza Corfo para poder acogerse al beneficio tributario, y contó que su startup, Domolif, ha presentado varios proyectos, sin éxito.
“En los últimos años hemos tenido que comprar muchos instrumentos científicos y no nos hemos podido acoger a la Ley I+D. Lo hemos intentado tres o cuatro veces y todavía no nos hemos adjudicado ningún proyecto”, afirmó.
Por otro lado, señaló que persiste una desconexión entre las necesidades productivas y la oferta de investigación aplicada, por lo que subrayó la necesidad de generar “relaciones de largo plazo, agendas tecnológicas compartidas y mecanismos claros para transferir resultados” entre la academia y las empresas.
Agregó que las universidades deben asumir “un rol más activo” y establecer programas de magíster y doctorado más vinculados con la industria y orientados a resolver desafíos productivos y ambientales, y, junto con ello, facilitar la transferencia de nuevas tecnologías al mercado mediante mecanismos “más ágiles, simples y efectivos”.
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Marco Zecchetto
