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Alto contrasteDesafíos de sostenibilidad corporativa: navegando la transición normativa
Por Roberto Ponce, director del Centro de Sustentabilidad Empresarial, Facultad de Economía y Negocios, Universidad del Desarrollo
En mercados expuestos a la volatilidad regulatoria, leer el entorno es el activo más valioso. Bajo esta premisa, la reciente confirmación del equipo económico -con Jorge Quiroz en Hacienda, Daniel Mas en el biministerio de Economía y Minería, y Francisca Toledo en Medio Ambiente- envía al mercado una señal inequívoca de "shock de oferta".
Para la empresa, la alineación de estas tres carteras bajo una visión marcadamente pro-inversión constituye una noticia esperada. La promesa de destrabar proyectos de infraestructura, minería y energía largamente postergados, reduciendo la "permisología" mediante una gestión enfocada en la eficiencia administrativa, abre una ventana de oportunidad para el sector privado. Sin embargo, interpretar este cambio como una invitación a relajar los estándares ESG corporativos sería un error de cálculo con consecuencias directas en el desempeño financiero.
El desafío central para este año será la navegación de esta "transición normativa", que implica moverse desde un sistema fuertemente regulado hacia uno de mayor flexibilidad local. Esto ocurre mientras el entorno global mantiene su curso inalterable, ya que nuestros principales socios comerciales e inversionistas globales no han flexibilizado sus exigencias.
En un mundo donde la trazabilidad y la debida diligencia son condiciones de entrada, descuidar los estándares ESG bajo la falsa seguridad de una "luz verde" ministerial interna es una forma segura de aumentar la exposición al riesgo.
El punto de dolor para los directorios radicará en esta tensión entre la velocidad que ofrece el nuevo Ejecutivo y la rigurosidad que exige el entorno. Existe un riesgo latente de que la agilidad en la aprobación de permisos genere un espejismo de seguridad. Sin embargo, no debemos olvidar que la institucionalidad nacional permite la judicialización de los procesos.
Aquí es donde la Licencia Social para Operar (LSO) emerge como un recurso estratégico. La evidencia sugiere que, si se descuidan los estándares socioambientales para aprovechar el fast-track administrativo, los proyectos podrían aprobarse en tiempo récord en las oficinas ministeriales, pero detenerse largamente en Tribunales. Esta interrupción no solo afecta la rentabilidad inmediata, sino que compromete la continuidad de la operación a largo plazo.
En este contexto, el rol del gobierno corporativo debe evolucionar. El desafío en 2026 no es elegir entre crecimiento o sostenibilidad, sino sincronizar ambos objetivos para focalizar inversiones de manera inteligente. La sostenibilidad deja de ser una respuesta reactiva a la presión regulatoria local -que bajará- y pasa a ser una decisión estratégica de negocios.
Se trata de una herramienta para blindar la inversión, asegurar el acceso a financiamiento internacional competitivo y mantener la entrada a mercados premium.
Las empresas líderes en este nuevo ciclo serán aquellas que practiquen una "autorregulación competitiva". Esto implica utilizar la desregulación estatal para ganar agilidad operativa, pero mantener la vara ESG alta por convicción de mercado. Así, cumplir más allá de lo que pide la ley ya no es un acto de filantropía; es un imperativo de gestión. Escuchar bien al entorno internacional y a los stakeholders locales, con método, acorta tiempos y reduce costos.
La invitación para este 2026 es justamente esa: aprovechar el impulso local sin perder de vista que la estabilidad operacional y la validación global son las verdaderas llaves para crear valor sostenible en el tiempo.
