Facturas falsas compradas por reconocidos inversionistas del mercado, índices de solvencia maquillados, y sociedades fantasmas incluye una querella contra los hermanos Ariel y Daniel Sauer Adlerstein, dueños de la suspendida corredora de bolsa STF Capital y del factoring Factop, en un caso que involucra a varios actores del mundo financiero local.
En una querella del 31 de julio, el accionista minoritario y socio, Rodrigo Topelberg, acusa que la corredora STF Capital, donde participa en la propiedad junto con los hermanos Sauer y el ex Tanner, Luis Flores, entregaron información falsa al mercado siendo emisor de valores de oferta pública. También la acusa de administración desleal.
Ello, porque en mayo de este año la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) los suspendió y abrió un proceso sancionatorio en su contra por haber proporcionado información falsa al mercado, al público y a la CMF, además de haber incumplido índices financieros.
“El accionista Topelberg al tener participación indirecta en la sociedad STF Capital, la cual arriesga sufrir graves perjuicios económicos producto de las inminentes sanciones a aplicarse por la CMF, se ha visto ciertamente perjudicado por los delitos que serán objeto de investigación”, dice la querella presentada por los abogados Alejandro Awad y Miguel Schürmann.
Pero una ampliación de la querella, presentada la noche del jueves 3 de agosto, agrega nuevos antecedentes sobre el caso e involucra a más actores. Topelberg y su familia, también era socio de los Sauer en la sociedad Factop S.A. dedicada al negocio del factoring.
“Factop ofrecía oportunidades de inversión. En concreto, quienes invirtieran en la referida compañía recibían un interés mensual de 1%, el que podían capitalizar o retirar. Así, Factop captó grandes cantidades de recursos de distintas personas, entre las cuales se incluyen la familia de nuestro representado”, dice la acción judicial.
Pero con motivo de la investigación de la CMF sobre la corredora STF Topelberg comenzó a indagar respecto de las condiciones de Factop y STF. “Lo anterior fue motivado, además, porque una serie de inversionistas de Factop comenzaron a llamar a don Rodrigo Topelberg porque no estaban recibiendo los intereses mensuales que se les habían comprometido y tampoco recibían respuesta de ninguno de los hermanos Sauer; sólo excusas, promesas y dilatorias”, se lee.
Y ahí se habría descubierto el esquema que denuncian. “Ariel y Daniel Sauer han utilizado sociedades de las cuales son socios, accionistas, ejecutivos, directores y/o representantes, o sobre las cuales ejercen control fáctico, para crear un mecanismo ilegal de financiamiento, en favor de personas naturales y jurídicas que, al parecer, no han podido acceder a servicios financieros mediante el mercado formal. Al respecto, los principales favorecidos con este financiamiento ilegal han sido los señores Álvaro Jalaff Sanz, Antonio Jalaff Sanz y sus empresas relacionadas, quienes, con o sin conocimiento de la ilicitud de estos fondos, se habrían aprovechado de ellos”, agrega la querella.
La operación elaborada por los querellados, según Topelberg, consiste en lo siguiente: para obtener dinero del mercado de valores, emiten o procuran la emisión de facturas ideológicamente falsas, vale decir, por bienes o servicios que jamás fueron entregados o prestados, o incluso físicamente falsas, a través de sociedades que administran o controlan jurídica o fácticamente. Y esas facturas las transan directamente o como activo subyacente de un fondo de inversión en la Bolsa de Productos de Chile por medio de la plataforma electrónica llamada “Puerto X”.
“Un fondo de inversión en el que, según entendemos, se han utilizado como instrumento de inversiones las facturas falsas emitidas por las empresas controladas por Ariel y Daniel Sauer, es el Fondo de Inversión Larraín Vial Facturas”, agrega.
“Ésta ha sido una de las principales fuentes para convertir las facturas falsas en instrumentos generadores de dinero —proveniente del público inversionista— para que los querellados mantengan el esquema financiero ilegal ya señalado”.
Entre las sociedades que se utilizan por los querellados para emitir, enajenar o vender las facturas falsas se encuentran Factop, Inversiones Guayasamín SpA, Asesorías e Inversiones Art SpA, Comercial Textil Ziko Limitada y varias otras. Por ejemplo, desde diciembre de 2022 y hasta junio de este año, Guayasamín ha emitido más de 1.200 facturas por servicios que no ha prestado y que no tienen relación con su giro. Asimismo, entre los meses de enero y noviembre de 2022, ésta emitió facturas cuyas sumas superan los $18.586 millones.
“Especialmente favorecidos con este esquema han sido los señores Álvaro Jalaff y Antonio Jalaff y sus personas relacionadas. En nuestro entender, hoy ellos son deudores directos o indirectos de las sociedades controladas por los querellados, por préstamos obtenidos por medio de esta operación irregular y simulada. Es más, Daniel Sauer se ha referido a estas facturas como las “facturas favor”, dando a entender que las emite para hacerle un favor a los señores Jalaff ante la necesidad de dinero, ya sea para el desarrollo de proyectos o el pago de otras deudas”.
El “esquema delictivo”, según la querella, desarrollado por los Sauer ha provocado efectos económicos desastrosos para Factop, la que actualmente se encuentra en situación de no poder restituir a sus inversionistas los dineros que colocaron en la misma ni tampoco pagar a sus acreedores.
“En otros términos, el mecanismo de financiamiento ilegal operado por los señores Sauer ha conducido –entre otras causas– a la insolvencia de Factop y al incumplimiento de las obligaciones de ésta con sus acreedores e inversionistas, con un efecto patrimonial particularmente ruinoso para don Rodrigo Topelberg; sin duda el más perjudicado por este esquema”, apunta la ampliación de querella.
Consultado el abogado de los hermanos Sauer, Luis Hermosilla, no contestó a los mensajes y llamados de DF MAS.
Por su parte, Christopher Bosler, gerente general de la Bolsa de Productos, aclaró que "las facturas no se transaron en la Bolsa de Productos, sino que fueron ingresadas a custodia en una operación entre privados”.
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