En un fallo catalogado como histórico, la jueza Carolina Ramírez, del 7º Juzgado Civil de Santiago condenó este miércoles al Estado a pagar más de $3.791 millones a los familiares de las 72 víctimas y 13 sobrevivientes del incendio de la Cárcel de San Miguel ocurrido hace diez años. La magistrada además estableció falta de servicio por parte de Gendarmería, tras revisar la situación de cada familiar.
Abogada de la Universidad Austral, con posgrados en Género y Argumentación en las universidades de Jaén, Alicante y UCV, la jueza de 41 años ingresó al Poder Judicial en 2006.
Fue relatora de la Corte de Apelaciones por 12 años, donde su forma de trabajar cruzando datos y antecedentes de diversas fuentes hizo que se le considerara “muy sólida jurídicamente” a la hora de establecer un caso.
Este miércoles cuando ordenó al Fisco a pagar los más de $ 3 mil millones no sorprendió que en las 256 páginas del fallo dedicara espacios para analizar la situación de cada víctima, la forma en que actuó Gendarmería y la compleja realidad carcelaria con sobrepoblación y difíciles condiciones para los internos. La sentencia, de primera instancia y que puede ser apelada por el Consejo de Defensa del Estado (CDE) describe la falta de recursos para atender a los presos, comprende la necesidad de que tengan que cocinar en sus celdas porque no hay cómo alimentarles, etc., pero es clara en recalcar que las instituciones fiscales no hicieron bien su tabajo.
En octubre de 2018, la jueza Ramírez también hizo noticia, debido a su decisión de congelar los US$ 16,24 millones en bienes legados por Augusto Pinochet a su familia en el marco del “caso Riggs”: la viuda del ex gobernante de facto, Lucía Hiriart, sus hijos, Augusto, Lucía, Jacqueline, María Verónica y Marco Antonio, doce nietos y cinco bisnietos fueron afectados con la medida.
En 2015, también falló en contra del Fisco, obligándolo a indemnizar a las familias de dos oficiales de la Fuerza Aérea que fallecieron en un accidente aéreo en 2008, cuando el avión de instrucción chocara con cables de alta tensión, precipitándose a tierra en Cochamó.
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