Abrir la llave y que salga agua es casi un lujo en Nogales. Desde hace más de una década que los habitantes de esta comuna de la Región de Valparaíso viven bajo la amenaza de quedarse sin el recurso natural ni suministro, especialmente en la zona de El Melón, ahora protagonista de un inédito fallo judicial que obligó al municipio a proveer al menos 100 litros de agua per cápita al día.
La Corte Suprema acogió el 18 de enero un recurso de protección de vecinos de El Melón dirigido en contra de la minera Anglo American Sur S.A., a la que acusan de secar los pozos de donde se abastecían y ordenó -inesperadamente- a la Municipalidad de Nogales hacerse cargo de la falta agua.
A través de su abogado Alejandro Borbarán, la municipalidad reclamó el 21 de enero a través de un recurso de reposición que no eran ellos los querellados, sino que la minera a la que el fallo casi ni siquiera toca y además se quejan de que no tienen de dónde sacar el agua que les están exigiendo. Ello, pese a que según los datos que entregaron cumplen con la provisión de los 100 litros.
El fallo abrió una nueva discusión en torno al agua en Chile. La Tercera Sala del máximo tribunal estableció como obligación del Estado asegurar el acceso a este elemento vital a todos los habitantes del país. Y dictaminó modificar una norma del Ministerio del Interior sobre el reparto de agua en emergencia. Todo, invocando los tratados internacionales firmados por el país para la protección de las personas y sus derechos.
Inversiones y voluntad
Nogales está sufriendo los efectos de la peor sequía en un siglo. Las restricciones son una realidad para los habitantes de toda esa región, donde los camiones aljibe, el agua en botellas y la aridez son parte del paisaje diario.
La Municipalidad sostiene que para paliar esta carencia ha comprado agua a Esval, profundizado pozos, adquirido camiones repartidores y hasta se ha coordinado con la minera, que también colabora con la entrega del recurso. Pero no es suficiente.
La comuna depende de un sistema de aguas que en parte es cubierto por Esval y el resto del suministro lo asume el municipio, que se queja de que al final todo pasa por una importante inversión en infraestructura y mucha voluntad política. Y nada de eso ellos ven.
En la pelea judicial, hasta la Controlaría fue consultada, debido a una investigación que realizó el año pasado in situ tras los reclamos de vecinos de que las medidas del gobierno comunal llegaban demasiado tarde. La entidad fiscalizadora sostuvo que el municipio (gobernado por Margarita Osorio, ex dirigenta de Amplitud) ha realizado inversiones y acciones para amortiguar el problema e hizo reparos administrativos.
Subsecretaría del Interior
El caso partió el 2019 cuando un grupo de 12 vecinos de El Melón liderados por Ximena Gallardo Castro presentaron un recurso de protección en contra de Anglo American acusándola de haberlos dejado sin agua porque la ocupaba para abastecer su mina de cobre "El Soldado".
La firma contestó que solo utilizaba parte del agua que había y la demás la compartía con el municipio y que el problema es la falta de lluvias, el exceso de derechos de agua concedidos en los ´90 y, sobre todo, "la deficiente infraestructura comunal para extraer y conservar agua de
los pozos cercanos a El Melón".
Añadió que desde 2015 viene ayudando al municipio con camiones aljibe, limpieza, mantención y profundización de los cuatro pozos que ahí se utilizan, además de las transferencias de agua desde dos de sus pozos propios.
La Municipalidad reconoció que sus instalaciones sufren fallas y filtraciones, lo que hace que el recurso se pierda. Reveló que hoy entrega en promedio 151,6 litros por persona, mucho más de lo recomendado por la Organización Mundial de la Salud (OMS): entre 50 y 100 litros de agua por persona cada día.
En su fallo, la Corte obliga al municipio a pedir a la Subsecretarí́a del Interior que le transfiera los recursos con cargo al presupuesto de esa repartición pública, "para atender a situaciones de emergencia y al pago de gastos extraordinarios relativos a la compra de camiones aljibe destinados al abastecimiento de agua potable de sectores de la comuna de Nogales, afectados por la situación de extrema escasez hídrica que afecta a varias regiones del país, entre ellas, la Quinta Región de Valparaíso".
Esa obligación ha generado un fuerte debate en el mundo jurídico y político, porque implicará que el Estado deba seguir comprando a privados la solución para la falta de agua. El recurso no está al alcance de todos. Y eso bien lo saben hace más de una década los habitantes de Nogales y otras comunas donde abrir la llave del agua no asegura nada.
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