Mi infancia fue bien movida, viví de los 4 a los 6 años en Inglaterra porque mi viejo estaba estudiando su doctorado. Luego nos fuimos a Washington. De vuelta en Chile me acuerdo que mi mejor amigo era mago, que me encantaba jugar fútbol de arquero, ver teatro y sobre todo, leer.
Por los libros entré a estudiar Derecho en la Universidad Diego Portales, aunque dudé si ser actor, pero estábamos en dictadura y me pareció mejor meterme en el mundo de las leyes. En esa época militaba en el PPD, participé en el Centro de Alumnos y en la Federación. Cuando recuperamos la democracia dejé de militar en política.
Fue una pasantía en la Defensoría Penal Pública en Washington, EEUU, la que me hizo fascinarme con el derecho penal. Al día siguiente de rendir mi examen de grado me fui a vivir a Costa Rica para trabajar en una organización que litigaba ante el Instituto Interamericano de Derechos Humanos, viendo casos de México, Guatemala, El Salvador. Me tocó por primera vez defender casos de ejecuciones extrajudiciales en México.
Después me fui a estudiar un máster en Leyes a la Universidad de Columbia en Nueva York. Cuando regresé a Santiago trabajé un tiempo en la UDP y con Juan Pablo Hermosilla. Hasta que con Matías Balmaceda y Juan Ignacio Piña fundamos la oficina Balmaceda, Cox & Piña.
El derecho es una muy buena forma de poner un límite al poder. El poder puede ser desde el Estado, pero también puede ser desde agentes que no son del Estado. El mejor ejemplo Uganda, donde hay una guerrilla. Ahí he sido testigo de su crueldad, del sufrimiento de la gente, pero al mismo tiempo la convicción que tienen esas personas que recorren muchos kilómetros para ir a las reuniones donde les informamos el estado de los casos y tomar testimonios directamente de miles que fueron secuestrados para ser miembros de la guerrilla.
Desde 2015 represento a las 2.605 víctimas, y ahora, tras 5 años de juicio, el 4 de febrero se dio un veredicto muy contundente: había 70 cargos por los que se acusaba a Dominic Ongwen -excomandante de la organización extremista Ejército de Resistencia del Señor-, y se le condenó por 62. Lo que viene es determinar la pena que se va a aplicar y empezar el proceso de reparaciones. Se estima que la población afectada por este tipo de delitos podría alcanzar las 70 mil personas.
Francisco Cox en Uganda
En nuestra oficina no vemos casos de DDHH relacionados a la dictadura en Chile, porque creo que todas las personas tienen derecho a la mejor defensa posible, y dada mi visión de esas violaciones a los Derechos Humanos, probablemente no les daría una buena defensa ya que estaría juzgando, más del lado de quien acusa. Pero eso no significa que no hemos sido parte de casos difíciles. Uno de ellos fue el de Enrique Orellana, un gerente del Banco Central, acusado de violar a su hija. Tuvimos tres juicios: en el primero se vio absuelto, en el segundo culpable y después absuelto. Fue muy desafiante, difícil y desgastante.
Cuando miro lo que está pasando con Carabineros, veo un problema grave de abuso de autoridad. Eso es evidente. Creo que una de las formas de solucionarlo es a través de una reforma profunda de la institución donde le pongan control civil. En muchos países y en muchos estados de Estados Unidos se emplea y se utiliza el mecanismo de comisiones civiles o mixtas, con algunos miembros de las policías, que investigan las denuncias ciudadanas. Eso da mayor seguridad e imparcialidad de que se investiga a fondo.
Ahora estoy en México, por el caso de Ayotzinapa -en septiembre de 2014, 43 estudiantes mexicanos desaparecieron y aún se desconoce la verdad de los hechos- y estamos ayudando a la fiscalía a investigar y decirle a los papás y a las mamás de los 43 estudiantes qué fue lo que pasó, quiénes son los responsables y por qué el Estado encubrió lo que ocurrió. Veo esta doble cara donde el Estado puede hacer daño, pero también puede reparar.
Pienso que el derecho es fundamental para la convivencia entre nosotros. Por eso mismo se requiere la presencia del Estado en las distintas partes del país, porque cuando no hay Estado, no hay derecho, y esos espacios los toma alguien, generalmente la delincuencia organizada, los grupos armados. Y la mayoría de las veces, quienes salen peor paradas de esas tomas de poder son las personas que tienen menos recursos, menos accesos al poder. Los más vulnerables.
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