Una crítica a la moción parlamentaria que quita la exclusividad al Servicio de Impuestos Internos (SII) para querellarse en casos tributarios, compartiéndola con el Ministerio Público, realizó el Instituto Chileno de Derecho Tributario (ICHDT).
En una carta enviada a la Cámara de Diputados y al Senado, la instancia técnica defendió que la titularidad de la acción penal recaiga en el fiscalizador tributario, dada que la “especialidad y la complejidad” de los delitos impositivos hacen “razonable” que el ejercicio de las denuncias y querellas se mantenga en la esfera “exclusiva” del SII.
“Esto, de manera que exista una adecuada garantía técnica y de racionalidad tributaria en la persecución penal, que por definición constituye la última ratio del Derecho”, dice la misiva, firmada por el directorio liderado por el socio de Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría (PPU), Mario Silva.
En la declaración, el instituto señala que se debe tener presente que las potestades fiscalizadoras del SII, entregadas por la ley, “son cada vez mayores y podrían poner en riesgo el adecuado balance” entre el cumplimiento de la obligación tributaria y los derechos de los contribuyentes.
Por esto, considera “urgente” que el país discuta cuatro puntos: racionalizar el catálogo de delitos contenidos en el Código Tributario, “dejando dentro de la órbita del SII sólo las conductas propiamente evasivas y defraudatorias”; mejorar la redacción de los tipos penales para dar “certeza jurídica a los contribuyentes”; introducir criterios legales “objetivos” para el ejercicio de la acción penal; y, por último, crear mecanismos de mayor transparencia y publicidad en las decisiones del SII en esta materia.
“Los criterios expuestos anteriormente no sólo son una exigencia en un Estado de Derecho moderno, frente a una legislación del siglo pasado, sino también una necesidad para quienes queremos resguardar el merecido prestigio del SII ganado durante tantos años”, asegura el documento.
El ICHDT concluye afirmando que el servicio “debe dejar atrás los cuestionamientos políticos, de mérito y oportunidad, que provocaron decisiones coyunturales relacionadas con el ejercicio de la acción penal por delito tributario”.
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