La crisis desatada luego del rechazo a Dominga terminó ayer con la caída del equipo económico del gobierno, en forma inédita desde la llegada de la democracia en 1990. Fue el corolario del debate por un proyecto minero que se fue calentando con el paso de los días, efectivamente, pero pudo haberse tratado de cualquier otro asunto. Lo que realmente se develó con la crisis entre la presidenta Michelle Bachelet y sus ministros de Hacienda y Economía fue la fuerte tensión que ha marcado al actual gobierno entre los que piensan que el crecimiento debe ir por delante y los que defienden la prioridad de la agenda redistributiva (las reformas estructurales, las transformaciones, el combate contra la desigualdad, el programa de izquierda y progresista, como se quiera llamarlo).
Para la Jefa de Estado, como resulta evidente, el crecimiento motivado por la inversión privada no está precisamente entre sus prioridades.
La salida del equipo económico a seis meses del fin del mandato no tiene nada de estratégico. Nadie lo tenía calculado, ni Bachelet ni sus ministros caídos. Valdés y Céspedes no se fueron porque sus reemplazantes vayan a ejecutar de mejor forma las tareas que quedan por delante, que son básicamente el Presupuesto 2018 y las negociaciones por el reajuste del sector público. No existen razones estratégicas y el desenlace de estas dos semanas de crisis son, sobre todo, una muestra de fuerza de Bachelet que revela un peculiar estilo de liderazgo.
El caso Dominga da luces, por ejemplo, sobre el peso que tienen los colaboradores cercanos de la presidenta en el Palacio de gobierno, su círculo. La dupla Mahmud Aleuy-Ana Lya Uriarte, experta en derecho ambiental, habrían jugado un papel importante en la decisión política tomada por el Comité de Ministros el lunes 21 de agosto de rechazar el proyecto de Coquimbo. No se explica de otra forma que el ministro de Medio Ambiente, Marcelo Mena, haya tenido la fuerza para imponer su decisión de discutir la iniciativa a contrarreloj, pese a los reparos de Economía. En el oficialismo se habla de la trenza de la Nueva Izquierda –aquella fracción del Partido Socialista a la que pertenece la presidenta, Aleuy y Uriarte–, que no tiene mayores contrapesos en el gobierno desde el cambio de gabinete de mayo de 2015.
Este episodio refleja, por cierto, que en la actual administración de Bachelet, el ministerio de Hacienda dejó de tener el peso que lo había caracterizado en las últimas décadas. Se cerrará el gobierno con tres ministros distintos –Alberto Arenas, Valdés y Nicolás Eyzaguirre–, y con Bachelet que parece convencida de que el papel del titular de Hacienda está reducido a calcular la cantidad de dinero que puede gastar el Estado. Parecen lejos los años en que las decisiones políticas eran económicas y viceversa. Cuando Ricardo Lagos, en la presidencia, tomó decisiones como incluir al propio Eyzaguirre en el comité político.
Valdés no tuvo espacio para quedarse ni, al parecer, tampoco fue una decisión que pasara sobre todo por sus manos. Dicho de otra forma, la Presidenta empujó al ministro y al resto del equipo económico hacia una situación que hacía imposible la permanencia. En el gobierno señalan que ninguno tenía contemplada una salida a seis meses de que finalice el periodo. Fue Bachelet, la mandataria, la que decidió dejarlos caer. En una muestra de poder presidencial –que de tanto en tanto descoloca a sus colaboradores–, llevó el conflicto hacia un punto de no retorno que terminó con el descabezamiento de Hacienda y Economía.
El papelón en la radio
La tensión entre el equipo económico y La Moneda no era para nada reciente y se manifestó, por ejemplo, con la reforma laboral. Pero el capítulo Dominga no se inició necesariamente con Dominga, sino que se habría originado con el incómodo momento que vivió la Presidenta a propósito del impacto del proyecto previsional en el desempleo. Pese a que la información estaba disponible en todos los diarios del 17 de agosto, entrevistada en una radio dijo desconocer los informes que indicaban que el aumento de un 5% en las cotizaciones propuesto por el Ejecutivo podría implicar una pérdida de hasta 394.000 empleos y una rebaja en el sueldo líquido cercana al 3%. Para Bachelet y su círculo, se le habría dado mala información. Pero, ciertamente, ¿no era acaso responsabilidad de la Presidencia preguntar previamente?
Sea como fuere, y como ha sucedido en otros casos de colaboradores que caen en desgracia, desde entonces Bachelet no habría recibido a Valdés, que definió su suerte al respaldar públicamente a su subsecretario Micco y al ministro Céspedes. “Algunos no tienen el crecimiento dentro de las prioridades más altas”, señaló a comienzos de semana.
La jefa de Estado, en una decisión temeraria, tardó apenas algunas horas en dejarlo sin piso político: “Chile necesita que crezcamos, sí, necesitamos que la economía crezca, pero necesitamos que el crecimiento vaya de la mano del cuidado del Medio Ambiente”, indicó Bachelet.
Al margen de la necesidad de que Chile ponga en el centro al crecimiento, la rebelión de los economistas pareció insostenible para La Moneda. Aleuy, en línea directa con Bachelet, lo había expresado con claridad: “El papel de los funcionarios públicos es respaldar la institucionalidad que existe en el país. Si a alguien no le gusta una decisión de un organismo regular del Estado y es funcionario público, no puede hacer comentarios, no corresponde”.
La intervención de la propia Presidenta en el conflicto, sin embargo, no solo reveló que los cortafuegos del gobierno no funcionan y llegan de inmediato a la Jefa de Estado. Sus palabras dejaron a Valdés en una situación imposible: un ministro de Hacienda desautorizado por ella en medio de las negociaciones por el Presupuesto y el reajuste fiscal se convierte, de inmediato, en un ministro que no sirve de nada.
Pero, ¿cuáles son las razones que sustentan finalmente la decisión política del gobierno de parar Dominga? Sobre la mesa se hallan varias explicaciones, ninguna demasiado fuerte: desde una supuesta animadversión hacia el grupo Délano hasta los terrenos que la familia Bachelet tiene en la zona de Coquimbo. Lo que parece evidente en este caso, sin embargo, es que a la Presidenta le resulta inaceptable que, en contra de su criterio, ministros de su confianza defiendan una iniciativa privada que no parece estar en la línea del sello que ha querido imprimir a su gobierno: “No concibo el desarrollo a espaldas de las personas”. Existe en Bachelet, todavía, algo de esa desconfianza hacia el mundo privado que en sus casi ocho años en La Moneda todavía no se ha podido disipar.
La presidencial le importa poco y nada
En este episodio la Presidenta ha mostrado, nuevamente, su forma de actuar ante este tipo de conflictos. Se encapsula, con enojo. No confronta, pero ejecuta (la Jefa de Estado estaba en una actividad en El Maule, junto al ministro Mena, cuando arremetió contra su ministro de Hacienda).
Fue una muestra de poder, sin duda, ante el movimiento de tropas del equipo económico. Pese a las peticiones de parte de los parlamentarios de la Nueva Mayoría –como Andrés Zaldívar y Ricardo Lagos Weber–, la Presidenta no entregó la mínima señal que requería Valdés para quedarse en su cargo.
Algunos dudan de que la socialista haya medido las consecuencias de estas decisiones políticas, por todo lo que significa la caída de los titulares de Hacienda y Economía a estas alturas del partido. Pero lo cierto es que el episodio Dominga revela nuevamente es que, como sucedió en la campaña 2009-2010, a Bachelet la presidencial le importa poco y nada.
Uno de los principales problemas que tienen los candidatos oficialistas –tanto Alejandro Guillier como Carolina Goic–, es competirle a Sebastián Piñera en el terreno del crecimiento económico. No necesariamente es verdad que la derecha maneje mejor la economía, como tampoco que la izquierda haga mejor la política social, pero en estas elecciones una de las fortalezas del discurso de la oposición está en la promesa de la recuperación del dinamismo. Parece una necesidad urgente cuando este gobierno ha tenido un ritmo de crecimiento promedio de un 2% y, según se señala, lo único que crece son los empleos estatales y la deuda pública. Luego de este episodio, la posición expectante de Piñera se fortifica.
Bachelet parece tener un itinerario del que no se quiere mover: cumplir las promesas con las que llegó bajo el brazo en marzo de 2014 y, pese a que no se le reconozca en lo inmediato, pasar a la historia como la gobernante que mayores transformaciones ha realizado en Chile en las últimas décadas. A cualquier precio y aunque eso implique, a seis meses de abandonar La Moneda, descabezar al equipo de Hacienda y Economía.
El lunes 21 de agosto, justo cuando comenzó la crisis del Dominga, en todas las reparticiones del Ejecutivo se sentía una cierta alegría y satisfacción por el triunfo conseguido en el Tribunal Constitucional con la despenalización del aborto. Había sido una inyección de energía que, finalmente, les reforzó las razones por las que valía la pena estar en esta Administración. Desde entonces, con marzo de 2018 en la mira, los funcionarios públicos tenían que empeñarse en no cometer errores. Los tropiezos, sin embargo, paradójicamente provinieron justamente desde los eslabones de mayor altura del gobierno.
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