Recuperar la credibilidad en el sistema educacional. Esta es la máxima que se ha impuesto el equipo programático de educación del hoy candidato presidencial Sebastián Piñera, que se encuentra trabajando en la materia de cara al futuro programa de gobierno.
El equipo incluye a Sylvia Eyzaguirre (CEP), Julio Isamit (Movimiento Republicanos), Erika Muñoz (Presidenta de la Confepa), Luz María Budge (Libertad y Desarrollo) y a Raúl Figueroa, director ejecutivo de Acción Educar, quien expresa en esta entrevista su preocupación por cómo se ha desarrollado la reforma educacional de este gobierno que, sostiene, “minó con fuerza la confianza que se necesita en el sistema de educación superior”.
El abogado indica que “aquí hubo un muy mal diagnóstico del sistema educacional chileno” y que “el desafío apunta a una mayor calidad en el sistema educacional”.
Esto teniendo como rayado de cancha la decisión del exmandatario de acotar la gratuidad para la enseñanza superior al 50% más pobre de la población -la Cámara de Diputados aprobó el 60%-, con un sistema de becas y créditos para el otro 50%, que incluya un número de cuotas fijo para el pago de los créditos, tras lo cual la deuda quedará condonada. Otro foco relevante será la educación preescolar, que tendrá acceso universal y gratuito a todos los niños mayores de dos años y la modernización de las mallas curriculares en este nivel escolar.
Todo lo anterior, por lo demás, en una lógica coherente con la disciplina fiscal.
- ¿Cómo están viendo el avance de la reforma de educación hacia la gratuidad universal?
- El objetivo de eliminar las barreras económicas para el acceso a la educación superior es un objetivo compartido que requiere un diseño adecuado que tiene que ser coherente con la responsabilidad fiscal y con el máximo desarrollo de las instituciones de educación.
La política de gratuidad pone un techo a la calidad del sistema universitario y, desde el punto de vista fiscal, no solo implica un gasto excesivo de recursos que el Estado no tiene, sino que además conlleva a una distribución de ese gasto absolutamente regresiva, donde el foco de los recursos del mayor gasto fiscal está puesto precisamente en quienes menos necesidades tienen.
De hecho, en una política de gratuidad universal, el 20% más rico de los estudiantes se lleva prácticamente el doble de recursos que el 20% más pobre, por lo tanto, evidentemente es una política que debe ser corregida.
-¿Y cuáles serían las implicancias de esta política?
-El aumento del 60% implica un aumento del gasto fiscal, solamente para el próximo año, de US$ 330 millones, si uno considera que ese 60% va a cubrir a todas las instituciones de educación superior el mayor gasto es del orden de US$ 1.000 millones.
Por definición, la gratuidad universal implica la fijación de precios y vacantes en las instituciones de educación superior y, por lo tanto, esa fijación de precios se traduce, en un sistema libre como el chileno, en déficit financieros para las instituciones. Solo en el año 2016 de las 30 universidades que adhirieron a la gratuidad, 15 tuvieron una situación deficitaria, que en el acumulado significó el orden de $ 20 mil millones menos en el sistema, ese déficit financiero implica baja en la calidad y restricciones en desarrollar de forma autónoma los proyectos que cada universidad quiere implementar, por lo tanto, ahí hay un problema.
Gasto público y priorización
Figueroa explica que para recuperar la confianza en el sistema, el próximo gobierno requiere construir un marco normativo claro, “que permita que las universidades se desarrollen con libertad, con autonomía y, por supuesto, con pleno respeto a las normas vigentes”.
- ¿Ven mucha inflexibilidad en el movimiento estudiantil?
-Lo que el movimiento estudiantil exige, ha ido quedando en evidencia en el último tiempo, es poner el foco del gasto público donde menos se necesita, entendiendo que existen otros mecanismos fiscalmente mucho más responsables que permiten cumplir exactamente con el mismo objetivo.
Por lo tanto, el próximo gobierno, cualquiera que sea, va a tener el desafío de centrar el foco de las políticas donde efectivamente se necesitan y el gasto público tiene que ser reflejo de esa priorización. Si nosotros vemos que las falencias del sistema están en la educación parvularia, escolar u otros ámbitos donde hay necesidades, claramente es ahí donde tienen que estar los recursos y es de esperar que la ciudadanía completa lo entienda.
- La cartera de Educación será una de las más complejas en el próximo gobierno, ¿qué perfil debe tener el o la futura titular?
- A mi juicio, un futuro ministro tiene que compatibilizar adecuadamente un manejo político muy completo, porque políticamente va a ser un gobierno difícil, lo que va a requerir una capacidad de diálogo con los distintos sectores sociales y políticos para poder efectivamente convencer que lo que corresponde en el futuro es poner el foco en estas necesidades.
Y creo que también es importante que tenga una visión del sistema educacional coherente con los desafíos que hay que enfrentar en el futuro.
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