Hasta la comisión de Hacienda del Senado llegó ayer la polémica moción parlamentaria que quita la exclusividad al Servicio de Impuestos Internos (SII) para iniciar la acción penal en materia de delitos tributarios, abriendo la puerta a compartir dicha potestad con el Ministerio Público.
Ayer el ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, reiteró que el Ejecutivo no apoyará el texto parlamentario, por considerarlo “inadmisible” y que es contrario al orden constitucional. En esta línea, reveló que encargó un estudio en derecho a connotados abogados constitucionalistas para respaldar su tesis, texto que será remitido mañana a los 13 parlamentarios de la comisión de Hacienda.
El documento fue encargado por Teatinos 120 a los profesores y exministros del Tribunal Constitucional, Juan Colombo (presidente entre 2001 y 2005, y entre 2007 y 2009) y a Enrique Navarro (integrante del TC entre 2006 y 2012).
El titular de las finanzas públicas planteó que la moción es inadmisible, ya que vulnera el inciso cuarto del N° 2 del artículo 65 de la Constitución, que establece que solo el Ejecutivo tendrá la potestad para otorgar o quitar facultades a los organismos del Estado.
“Queda de manifiesto que la moción altera atribuciones del Servicio de Impuestos Internos y le otorga al Ministerio Público potestades de las cuales hoy carece”, señaló el ministro ante los parlamentarios.
Valdés enfatizó que el actual modelo se basa en el principio de especialidad que tiene Impuestos Internos para perseguir delitos tributarios, y en el de eficiencia y eficacia de parte de la administración tributaria.
“El SII puede determinar sobre cuestiones relacionadas a impuestos, ya que es el organismo que sabe del tema. El análisis costo/beneficio de ejercer la acción penal se determina mejor cuando el SII está a cargo”, destacó el ministro.
Contrastan argumentos
A la instancia, además de Valdés, fueron invitados el fiscal nacional, Jorge Abbott, y el director del SII, Fernando Barraza.
El primero en exponer fue el titular del Ministerio Público, quien desestimó la tesis de la inadmisibilidad expuesta por Valdés.
“Esto no se trata de un proyecto que requiera de iniciativa del Ejecutivo, ya que la Constitución establece la facultad del Ministerio Público para investigar todos los delitos. En consecuencia, esta moción no le agrega ninguna facultad (a la Fiscalía) que no esté ya en la Constitución”, dijo el abogado.
Abbott señaló que uno de los principios para apoyar la moción es la necesidad de que exista “igualdad ante la ley” respecto al trato entre los individuos acusados por delitos comunes y los imputados por infracciones tributarias.
“No es posible que persigamos con la misma intensidad los delitos contra la propiedad y que no podamos perseguir a personas que cometieron delitos tributarios”, lanzó Abbott.
El director Barraza recogió el guante y advirtió que la moción “obstaculiza” la misión del SII de “proteger” el patrimonio fiscal.
“De prosperar la moción, muchos casos se verían obstaculizados en su recaudación fiscal. Una auditoría, por ejemplo, podría verse frenada si el Ministerio Público inicia una acción penal en medio de una auditoría”, aseveró Barraza.
La máxima autoridad del SII reveló que hay 19 países de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) donde la exclusividad en el ejercicio de la acción penal recae en la administración tributaria.
Senador Rossi se enfrenta con fiscal Abbott por SQM
El fiscal nacional, Jorge Abbott, sostuvo ayer que la Fiscalía Regional de Valparaíso podría solicitar el desafuero del senador Fulvio Rossi, si éste decide no presentarse a la audiencia de formalización en el caso SQM, fijada para el próximo 16 de agosto. Se trataría, explico, de la primera acción de este tipo desde la puesta en marcha de la reforma procesal penal. El viernes 14 de julio el parlamentario anunció que no asistiría a la audiencia de formalización solicitada por el fiscal regional de Valparaíso, Pablo Gómez, y que el Octavo Juzgado de Garantía de Santiago fijó para el 16 de agosto próximo. Ante los dichos de Abbott, Rossi reafirmó que el desafuero es justamente lo que le ha pedido en reiteradas ocasiones al fiscal. Su punto es que "sean los Tribunales de Justicia, un órgano jurisdiccional independiente del Ministerio Público, los que se pronuncien acerca de si hay o no mérito en las imputaciones del fiscal", respondió el senador. "Yo quiero un juicio ahora ya. La Fiscalía lo que quiere es eludir el control de los Tribunales de Justicia. Si no tienen antecedentes entonces que no perseveren en la investigación. Si creen que los tienen, luego de 2 años y medio de investigaciones desformalizadas, en los que no tuve la oportunidad de defenderme, entonces que los sostengan en la Corte de Apelaciones y me permitan ejercer el derecho humano básico que es el derecho a la defensa", sentenció.
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