A través de un oficio, el gobierno informó a la Cámara de Diputados que no presentaría un proyecto de insistencia para aprobar el reajuste salarial de 3,2% para los trabajadores del sector público. La aplastante derrota en la corporación, donde no hubo un solo voto favorable para la propuesta del Ejecutivo, fue suficiente para que La Moneda desistiera del texto respaldado por el Senado.
Así, despejaba dudas y corroboraba que el camino escogido era el veto aditivo, aunque ninguna autoridad lo quiso confirmar. La presidenta Michelle Bachelet se limitó a señalar que el gobierno había formulado “la mejor propuesta posible” que, además, era “responsable con la economía”.
El vocero del Ejecutivo, Marcelo Díaz, complementó: “Debe haber reajuste para el sector público y ese incremento se tiene que hacer en un marco de responsabilidad fiscal”. Ambos temas son “intransables”, agregó, luego de reunirse en La Moneda con los titulares de Hacienda, Rodrigo Valdés; la Secretaría General de la Presidencia, Nicolás Eyzaguirre; y del Interior, Mario Fernández, para abordar el tema.
Díaz precisó que el gobierno estaba analizando “distintas alternativas” y que la idea es lograr un acuerdo con el parlamento para “asegurar los votos”.
Sin embargo, la tarea no será sencilla. Al interior del gobierno concuerdan en que Valdés mantendría inalterable su propuesta de reajuste de 3,2%, postura que sería respaldada por el ministro Eyzaguirre, pero no por la titular del Trabajo, Ximena Rincón, quien optó por evitar el desgaste y dejar la disputa con los empleados públicos y la Cámara en manos de Valdés.
Con el guarismo con escaso o nulo margen de aumento, el premio de consuelo que podría destrabar el conflicto serían los bonos de término de conflicto. Eso sí, advierten en la bancada de diputados de la DC, todo dependerá del IPC que se publique el martes, mismo día que se comenzaría a debatir el veto presidencial al reajuste. “Si la inflación sube y con el 3,2% no hay un aumento real de los salarios, es imposible”, advierte un parlamentario.
Los legisladores DC podrían aprobar el guarismo rechazado por la Cámara “siempre y cuando se mejoren los bonos, en cobertura y montos, y se baje la línea de corte de los sueldos que no serán reajustados, desde $ 4,8 millones a $ 4 millones”, explicó el jefe de la bancada, Fuad Chahín.
Un camino similar tomarían los diputados del PPD, que, según comentó el jefe de la bancada, Ramón Farías, respaldarían al gobierno “sólo si la Nueva Mayoría vota alineada y el Ejecutivo mantiene lo propuesto en la comisión mixta”, es decir, reducir la línea de corte a $ 4,4 millones, lo que permitiría beneficiar a cerca de 64 mil nuevos trabajadores, con un bono de $ 50.000.
Menos convencidas están las bancadas del PS y el PC. El jefe de la primera, el diputado Juan Luis Castro, aseguró que el gobierno debe mejorar el 3,2% y los bonos. “Qué sentido tiene insistir si mantenemos las mismas cifras y ya sabemos la respuesta que tuvo la Cámara”, expuso.
En la misma línea, el diputado comunista Daniel Núñez sostuvo que “no tiene sentido rechazar algo y que el proyecto se mantenga incólume”. Mejorar los bonos entre $ 20.000 a $ 30.000 podría ser una solución, dicen en el PC.
Sin embargo, el eventual respaldo de la DC y el PPD le bastarían al Ejecutivo para despachar el reajuste, ya que sólo el rechazo de 2/3 de la Cámara y el Senado (donde tiene los votos asegurados) frustraría la aprobación del veto. Por el momento, el paro de los trabajadores públicos se mantiene y se podría extender hasta el lunes.
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