En ocasiones el telón de un escenario se baja con los aplausos del público, con el gusto del éxito y la satisfacción del deber cumplido. No es exactamente el ánimo que se advierte en el gobierno a 17 meses del fin de la administración de Michelle Bachelet, donde se alistan a terminar la función con cierta pesadumbre. Tanto en la primera línea de poder como en los cuadros ministeriales se observa desaliento, pesimismo y ganas de que estos 500 y tantos días que faltan para el 11 de marzo de 2018 transcurran rápido. El paisaje está marcado, inevitablemente, por el destino de las reformas estructurales que el Ejecutivo se sentía llamado a ejecutar: crujieron, quedaron inconclusas o, definitivamente, se cayeron. La tributaria –que probablemente causó el daño básico al quebrar las confianzas intersectoriales–, ha presentado problemas técnicos que todavía se intentan corregir y finalmente tampoco logró sustentar la educacional, que también se halla truncada. En el oficialismo se han quedado con la sensación de que el programa de gobierno era demasiado ambicioso –casi una fantasía– y su ejecución un problema.
Existen al menos dos elementos que marcarán la última fase del Ejecutivo.
En primer lugar, el realismo: con un crecimiento modesto de 2,25% proyectado para 2017 –en el último año de gobierno–, no existe ningún espacio para sacar conejos del sombrero. En la Nueva Mayoría recuerdan con cierta nostalgia el Presupuesto 2009 de Andrés Velasco. A diferencia del que presentó la semana pasada el ministro Rodrigo Valdés, que responde a una situación de emergencia, a fines del primer periodo de Bachelet la inyección de recursos económicos suponía una ayuda a la política.
El aspecto central que determinará la etapa final del gobierno, sin embargo, será una agenda legislativa restringida a algunos puntos centrales: intentar sacar adelante la compleja Reforma a la Educación Superior –una de las principales promesas de campaña que se podrá cumplir a medias–, la desmunicipalización del sistema escolar y la agenda de descentralización, que ha dado un primer paso esta semana con la polémica aprobación de la elección popular de intendentes. En La Moneda afirman que se intentará dejar cerrada la despenalización del aborto en tres causales, el proyecto de autocultivo de marihuana y el matrimonio gay. Asuntos como la nueva Constitución y las pensiones quedarán instalados para que se discutan en la campaña presidencial y se resuelvan en el próximo gobierno.
La lógica general apunta a cerrar lo que se tiene abierto y a tratar que esta etapa final sea lo menos desordenada posible aunque, como reconocen desde la propia administración de Bachelet, al Ejecutivo le cueste mantener la línea trazada.
Sin expectativas de subir la popularidad
El lunes pasado, en el consejo de gabinete de La Moneda, tanto el ministro del Interior como la Presidenta reflexionaron sobre el 15% de aprobación que tiene el gobierno, de acuerdo a la encuesta CEP. “Yo voy al supermercado y digo: ‘Me encuentro con el puro 15%”, indicó Bachelet, en referencia a que en la calle no siente la falta de respaldo.
En el gobierno explican que no se trata de que la mandataria desconozca la realidad ni niegue lo que reflejan los estudios de opinión sino que, simplemente, como se les ha enrostrado tanto la baja popularidad, se ha entrado a una fase de humor con el asunto. Sea como fuere, Bachelet parece resignada a no subir significativamente en las encuestas. La meta de los próximos 17 meses –nuevamente con el realismo o la resignación por delante–, no pasa por ganar adhesión popular. La Nueva Mayoría apunta a que los resultados de las municipales inyecten algo de optimismo en la coalición, aunque está por verse si se llega a reflejar en los sondeos. Puntos más o puntos menos, sin embargo, resulta improbable que el Ejecutivo logre dar vuelta el tablero a su favor. Resulta demasiado lejos el 78% de respaldo con el que Bachelet terminó su primer mandato, de acuerdo a la misma CEP.
Los políticos tienen dos opciones en un escenario de crisis, explican en el gobierno: adoptar una línea estratégica o adecuarse a las cifras y a las encuestas. Bachelet ha optado por la primera y parece dispuesta a pagar los costos por ella: sigue convencida de que en su segundo período habrá dejado instalado los temas que Chile necesita abordar de cara al siglo XXI. Su equipo apuesta a que ningún candidato presidencial pueda eludir los temas centrales que se han discutido desde su regreso de Nueva York a la fecha y mantiene la esperanza de que los cambios que se han intentado implementar se valorarán en el futuro. Aunque todo esto sea cierto y Bachelet y su gente tengan razón, no parece suficiente para cambiar la pesadumbre del espíritu oficialista.
Si la Jefa de Estado finalmente no realizó el cambio de gabinete que pedían los partidos luego de las cifras demoledoras de la CEP y tampoco ha logrado llenar los puestos vacantes en diferentes reparticiones –como el Servicio Electoral– no solo es por falta de decisión, como afirman en la Nueva Mayoría. Existe un problema relevante que, justamente, tiene que ver con el escaso compromiso que genera a estas alturas el gobierno incluso en el oficialismo: la falta de elenco. No mucha gente está dispuesta a estas alturas a sumarse a una administración en problemas, a 17 meses de dejar el poder. Algunos prefieren apuntar la mirada a una campaña presidencial y a un futuro gobierno, si finalmente se consigue pese a las dificultades evidentes.
Los partidos del conglomerado de centroizquierda se quejan en privado de vacío de poder. En La Moneda, sin embargo, consideran errada esta mirada. Si el gobierno está en problemas, como reconocen, explican que se enmarca en un contexto de la crisis institucional generalizada.
¿Lo hemos hecho mal? Sí –responden–. Pero ¿quién lo ha hecho bien?¿los empresarios, la Iglesia, los partidos políticos, la Fiscalía?
De acuerdo a esta explicación, el deterioro transversal quedará en evidencia en el próximo mandato: sea cual sea su signo, tendrá menos poder que los de los ’90 y los 2000 y –como ahora– sus índices de popularidad seguirán estando bastante por debajo de los anhelos de La Moneda.
¿Las reelecciones le sirven a Chile?
El fenómeno de desconfianza que enfrenta el país puede deberse a un problema estructural que incluso traspasa las fronteras –como ha manifestado la propia Presidenta y algunos de sus ministros– o a un asunto de gestión de la actual administración –la opinión predominante en la clase política–. Pero sea cual sea la explicación, resulta evidente que Bachelet no ha asumido un liderazgo dentro de su coalición: parece carecer de mandato real y de voluntad de mandar.
Pese a que milita desde el primer año de universidad en el Partido Socialista y su actividad no se detuvo ni con el 11 de septiembre de 1973, ni con el exilio y tampoco durante los ’80, desde que estalló como fenómeno político en el gobierno de Ricardo Lagos siempre ha manifestado su lejanía con las trenzas de su conglomerado. La distancia con los dirigentes de su bloque fueron una de las principales tensiones que marcaron su campaña en 2005, su primera administración, el período de silencio total en Nueva York y todo lo que ocurrió posteriormente. Tampoco era de esperar que la Presidenta asumiera un papel distinto en medio de la grave crisis en que se halla la Nueva Mayoría, ansiosa por las posibilidades ciertas de perder el poder en 2018.
Como ocurrió en 2009 con la elección de Eduardo Frei y Sebastián Piñera, en esta ocasión tampoco la mandataria parece demasiado preocupada de la sucesión. En la Nueva Mayoría se consuelan: si en aquella ocasión no pudo traspasar el 78% de respaldo al candidato, quizás en las presidenciales de 2017 tampoco haga demasiado daño su 15%. En el oficialismo no es un secreto, por otra parte, que Bachelet y el expresidente Lagos son distintos en forma y contenido.
Con excepción de los consejos de gabinete de los lunes –una instancia protocolar donde no se definen precisamente los destinos de Chile–, Bachelet no tiene contactos demasiado fluidos con los dirigentes de su sector. No envía ni recibe mensajes. Tampoco cuenta con puentes empoderados para manejar indirectamente los hilos menos visibles de la Nueva Mayoría, un papel que en alguna época cumplió Rodrigo Peñailillo antes de que lo tocara la catástrofe. Sigue trabajando a su modo, aunque menos acompañada que en otros momentos de su vida de gobernante. El triángulo que la arropa está compuesto por Pedro Güell, su principal asesor de contenidos, su jefa de gabinete Ana Lya Uriarte junto a otros técnicos y, a modo de satélite, el ministro Nicolás Eyzaguirre de la SEGPRES. Con su titular del Interior, Mario Fernández, tiene una relación cordial y fluida, pero poco intensa.
En La Moneda nadie sabe si Bachelet pretende realizar algún cambio de gabinete antes del 19 de noviembre, fecha límite para que salgan aquellos ministros que se presentarán a algún cargo de elección popular. Ni siquiera resulta evidente si alguno asumirá alguna candidatura, porque al menos hasta ahora los secretarios de Estado que suenan no han dado vuelta las cartas.
Con la sensación de que se hizo lo que había que hacer, que se debe cerrar correctamente lo que todavía falta por concluir, el gobierno está funcionando bajo un mínimo de expectativas. Bachelet habría manifestado a su círculo que, una vez que termine su mandato, se quedará en Chile y no se reintegraría a los organismos internacionales, que nunca le gustaron demasiado por la burocracia que los gobierna. Con las elecciones presidenciales y sobre todo con la finalización de su administración, probablemente se abrirá una discusión interesante para la política local: ¿las reelecciones le sirven a este país? Una pregunta válida considerando que dos de los principales candidatos a La Moneda son, precisamente, dos expresidentes.
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