La tramitación de la polémica ley corta con que el gobierno pretendía darle una salida a los más de 400 mil electores que fueron cambiados de lugar de votación unilateralmente, fue suspendida porque no encontró amparo ni siquiera en la totalidad de la Nueva Mayoría. Así, entre el lunes en la noche y ayer en la mañana el Ejecutivo debió decidir entre el mal menor: asumir una nueva derrota política o sufrir otro bochorno en el Congreso al ver caer el proyecto sin que el oficialismo, desde donde se exigen responsabilidades políticas al más alto nivel, hicieran nada por evitarlo.
Aunque el lunes se veía venir que el gobierno no contaría con las mayorías necesarias para aprobar la iniciativa, en la Cámara se requerían 67 votos y en el Senado 21, el equipo político en pleno en la sede del Congreso, en Valparaíso, insistía en la necesidad de sacar adelante el proyecto.
Mientras la oposición, atrincherada en el reglamento, consiguió dilatar la tramitación, echando por tierra la idea del Ejecutivo de realizar todo el proceso en un solo día, en algunos sectores del oficialismo planteaban que era necesario un acuerdo amplio para avanzar en esta solución. Incluso, hubo disposición a que antes de la votación se asumieran las responsabilidades políticas correspondientes. No se llegó a tal punto.
El Ejecutivo se resistía a echar pie atrás pese a una serie de reuniones tanto con la oposición, que se negó a respaldar el proyecto declarando que incluso tenía visos de inconstitucionalidad e instaba derechamente a retirarlo; como con los senadores de la Nueva Mayoría, que también le hicieron ver que sin un acuerdo amplio no tenía sentido seguir.
Fue así como ayer, después de un comité político, el vocero de gobierno Marcelo Díaz asumió el paso en falso. “El gobierno ha decidido no perseverar en el proyecto de ley que se estaba discutiendo, entendiendo que un proyecto de esta naturaleza requiere para su aprobación un amplio acuerdo político y parlamentario que no se logró”.
Atrás quedaba otro episodio que, una vez más, puso a prueba la escasa capacidad política de la administración Bachelet y dejó en evidencia la ineficiencia de su gestión, provocando un nuevo “papelón”, como lo definen en el oficialismo.
El diputado Aldo Cornejo (DC), quien el lunes ya advertía la necesidad de un apoyo amplio, reiteró ayer que el error del gobierno fue no haber construido este acuerdo político antes de enviar el proyecto de ley. “No se conversó con nadie, entiendo que con muy poca gente, no se advirtió que podía haber parlamentarios que no íbamos a estar en esa disposición y se cometió un error de apreciación”, dijo.
También crítico, el timonel radical, Ernesto Velasco, advirtió que estamos presos entre la “ineptitud” de quienes debían resolver el tema y la confrontación política. “El país no se merece una situación de este tipo, el sistema electoral tiene que tener credibilidad, dar confianza, y el Estado debe ser un facilitador de la participación. Aquí no ha ocurrido”, expuso.
Cornejo fue categórico en que “la responsabilidad política tiene que ejercerla el gobierno y veo que parece que no hay voluntad de hacerlo y me parece mal; y, sin duda, cuando hay responsabilidad política lo que se hace es dar un paso al costado y no veo a nadie con ganas de querer dar un paso al costado ni a nadie con ganas de pedir que se dé un paso al costado y eso agrava la dificultad”.
Tras lo cual enfatizó que lo sucedido, “desde el punto de vista político y de la gestión política no cabe ninguna duda que esto es un fracaso del gobierno y cuando uno fracasa tiene que hacerse una autocrítica y, en algunos casos, asumir también las responsabilidades”.
Distinto fue el juicio del presidente de la Cámara, diputado Osvaldo Andrade (PS), ya que desde su punto de vista la decisión del Ejecutivo constituye “un profundo error (…), cuando el gobierno retira el proyecto significa que no hay solución para estos 500 mil chilenos (…), lo que probablemente implica un riesgo de abstención importante que no sólo debiera ser preocupación del gobierno, sino de todo el sistema”.
Larraín emplaza a bachelet
Con un tono mordaz que se está haciendo habitual en el presidente de la UDI, senador Hernán Larraín, emplazó a la presidenta Michelle Bachelet a tomar decisiones "express, como le gusta ahora en el gobierno, para que las personas responsables políticamente, no sólo administrativamente, se hagan cargo de lo suyo y procedan en consecuencia".
"No podemos tener un gobierno con gente tan inepta", expresó y remató señalando que lo que toca la NM se convierte en "fracaso" e instando a la ciudadanía a votar el domingo para expresar su rechazo al gobierno.
Mientras tanto, el jefe de la bancada de diputados gremialistas, Juan Antonio Coloma, adelantó que el próximo martes su sector presentará una comisión investigadora para conocer sobre lo sucedido con el padrón electoral y no descartó interpelar o presentar o acusar constitucionalmente a los ministros involucrados, apuntando particularmente en contra de la titular de Justicia, Javiera Blanco, y de Segpres, Nicolás Eyzaguirre.
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