Dar garantías de imparcialidad. Eso es lo que persigue el gobierno para determinar las responsabilidades administrativas en los cambios al padrón electoral y que derivó en la tramitación de una ley corta a cinco días de la fecha prevista para realizar las elecciones de alcaldes y concejales.
El ministro secretario general de Gobierno, Marcelo Díaz, precisó ayer que se instruyó a la Contraloría para que sea este organismo autónomo, quien efectúe el sumario administrativo que permita aclarar las responsabilidades que llevaron al cambio automático de domicilios electorales de más de 460 mil personas.
Así, será el órgano liderado por el contralor Jorge Bermúdez, quien se hará parte en la investigación, dejando de lado al propio Registro Civil e, incluso, al ministerio de Justicia en las indagaciones. “Hemos tomado una decisión como gobierno de solicitarle al Contralor General de la República que sea esa institución autónoma la que lleve a cabo el sumario administrativo en el Registro Civil para efectos de determinar lo que ahí ocurrió, los puntuales errores y, a partir de ahí, las medidas que hay que adoptar. Nos parece que le da garantías a todos, que sea la Contraloría que lleve a cabo este sumario y no el propio ministerio de Justicia o el Registro Civil”, aseguró Díaz.
Esta medida se tomó luego que la oposición rechazara la aprobación en bloque de la ley corta que el ejecutivo envió ayer al Congreso.
El pasado viernes el gobierno también le solicitó a la Contraloría un informe de auditoría especial, lo que junto a este sumario administrativo, abordará los hechos desde 2012 hasta la fecha. “Con esta solicitud esperamos que todo el mundo tenga la certeza que esta investigación va a llegar hasta su última consecuencia y ese es un compromiso nuestro”, precisó.
Frente las posibles responsabilidades políticas, el ministro Díaz aclaró que “vamos a establecer todas las responsabilidades, no les quepa ninguna duda”.
Y ante los cuestionamientos de inconstitucionalidad de esta modificación legal, respaldó la legalidad y constitucionalidad de la propuesta que entregó el Consejo Directivo del Servicio Electoral. “Vamos a impulsar este proyecto de ley donde hemos acogido una iniciativa formulada por el Servicio Electoral, que nos parece perfectamente legal y constitucional, pero -por sobre todas las cosas- que resuelve el problema”, explicó.
El presidente del Consejo de Defensa del Estado, Juan Ignacio Piña, aseguró que evaluarán los antecedentes que remitió el fiscal de la Unidad de Alta Complejidad, Andrés Montes, para ver las acciones o diligencias que deberán seguir y evaluar si se hacen parte de esta investigación.
Esto, luego que la Fiscalía Centro Norte abriera una investigación tras la denuncia del diputado Nicolás Monckeberg por grave negligencia en la modificación de los padrones electorales, sancionado en la ley electoral, según aclaró.
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