Un crítico llamado al gobierno a que no pierda la "brújula" en materia legislativa en lo que resta de la administración de la presidenta Michelle Bachelet hizo hoy la abanderada de la Democracia Cristiana, senadora Carolina Goic, que en paralelo a la firma del proyecto de matrimonio igualitario en La Moneda, daba relanzaba su agenda de probidad y transparencia.
"Sobre las prioridades legislativas, en el tiempo que queda para este gobierno, me parece que es fundamental no perder la brújula, la prioridad está en nuestros adultos mayores que hoy día necesitan el aumento de sus pensiones. Y, por lo tanto, espero que se le dé urgencia, que se concentren los esfuerzos legislativos en sacar adelante las modificaciones al sistema de pensiones, para garantizar lo antes posible un aumento del 20% de las pensiones de nuestros jubilados", instó Goic, colocando la reforma previsional como la primera prioridad en que se debe concentrar el Ejecutivo. A ello sumó terminar la reforma educacional y, por último, los proyectos asociados con el fortalecimiento de la institucionalidad de la infancia.
Y si bien valoró que se haga la discusión del matrimonio igualitario en el Congreso, pero eludió pronunciarse por no conocer el texto del proyecto aún, reiteró la necesidad de que "no perdamos de vista discusiones que ahora son urgentes". Además planteó que el rol de los candidatos presidenciales en esta etapa deber ser "aportar a los debates que requieren un acuerdo entre todos"
La senadora también se refirió al atentado de anoche en La Araucanía como "una situación intolerable" y junto con rechazar la violencia, señaló que la mayor queja en la zona, de todos los sectores, es "la impunidad, lo que nadie puede entender es qué está pasando con la acción de las policías, qué está pasando con el trabajo de inteligencia y es ahí donde tiene que estar el acento", advirtió.
Agenda Probidad
Trece son las propuestas que reiteró la senadora en materia de probidad y transparencia entre las que destaca garantizar autonomía constitucional al director del Servicio de Impuestos Internos, que durará ocho años en su cargo, siendo nombrado por la autoridad de turno. Ello con el objetivo, señaló, de fortalecer la institucionalidad, porque el director del SII "no puede estar sometido a la presión de un gobierno de turno; no puede quedar espacio para que su nominación dependa de criterios políticos partidistas y tampoco sus actuaciones".
También plantea que los llamados "delitos de cuello y corbata" sean sancionados con penas de cárcel; que los partidos políticos no podrán invertir en fondos de inversiones y se perfeccionará la Ley de Lobby, entre otras medidas.
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