Uno de los énfasis del discurso del ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, al presentar el Presupuesto para 2017 fue que el erario era coherente con la responsabilidad fiscal, particularmente con el compromiso de reducir en un cuarto de punto por año el déficit estructural hacia 2018.
Una de las prioridades de Valdés desde que arribó a Teatinos 120 en mayo del 2015 ha sido “ordenar la casa” y sincerar el fuerte impacto que ha generado el shock de precios del cobre en las finanzas públicas. Muestra de aquello es el ajuste de US$ 540 millones que realizó al gasto en marzo de este año.
Pero en este proceso de sincerar las cuentas del Fisco y en medio de una agenda legislativa sobrecargada, el ministerio ha optado por “priorizar” los proyectos y uno de los damnificados justamente se relaciona con el tema en cuestión: la reforma a la ley de responsabilidad fiscal.
Teatinos 120 congeló el debate sobre el proyecto luego de revisar la intensa agenda en el Congreso, que incluye la ley de Presupuestos, la Comisión de Mercado Financiero y la búsqueda de un acuerdo para reforma el sistema de pensiones, entre otros.
“Las prioridades del ministerio están centradas en otros temas. No hay novedades sobre ese tema”, comentan fuentes de la repartición.
Una reforma a la ley de responsabilidad fiscal era una de las prioridades del antecesor de Valdés, Alberto Arenas. De hecho, anunció en el Chile Day de 2014 que durante 2015 el proyecto se enviaría al Congreso. La idea de la ex autoridad era dar rango legal al Consejo Fiscal Asesor (CFA) y aumentar el nivel de transparencia en el cálculo de la regla fiscal, a 15 años de su diseño.
La modificación a la normativa era un anhelo de varios macroeconomistas, entre ellos Vittorio Corbo, quien lideró una comisión en el gobierno anterior que recomendó cambios a la regla de balance estructural.
El debate en el CFA
En marzo, Valdés pidió a la instancia asesora, presidida por Andrea Repetto y compuesta por Hermann González (vicepresidente), Gonzalo Sanhueza, José Yáñez y Juan Pablo Medina, iniciar un debate sobre la posibilidad de dar un rango legal al consejo. La idea era que tuviera mayor autonomía presupuestaria y política, ya que en la práctica es un órgano asesor del ministro de turno.
Sin embargo, en abril Valdés informó al CFA que la abultada agenda no permitiría ingresar “en el corto plazo” un proyecto para institucionalizar el consejo. En cambio, les pidió realizar una presentación sobre la experiencia internacional en la materia.
En julio la instancia expuso dichos antecedentes y la discusió no ha avanzado desde entonces. La convocatoria de los comités de expertos del PIB potencial y del cobre de largo plazo, y el debate sobre las pautas para utilizar los fondos soberanos, se tomaron la agenda del CFA. Este “nulo avance” tendría disconformes a algunos consejeros.
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