El paro de los funcionarios del sector público, que cumple dos semanas en demanda por un mayor reajuste salarial que el propuesto por el gobierno, tendrá consecuencias.
Así lo determinaron los ministerios de Hacienda y de Interior, que mediante una circular enviada el viernes pasado instruyeron a los servicios de la administración del Estado descontar remuneraciones a los trabajadores en paro.
En el documento de siete páginas y que es firmado por los ministros de Interior, Mario Fernández, y de Hacienda, Rodrigo Valdés, y que fue enviado a todas las reparticiones públicas, se establece que en caso de "riesgo de paralización ilegal de un servicio público" y durante la misma, el jefe de servicio deberá trabajar en conjunto con el comité de conflictos que coordina la Subsecretaría del Interior y reportarle frecuentemente.
Sobre el particular de una paralización ilegal, el servicio deberá ejecutar "de inmediato" las siguiente medidas: un plan de contingencia "que permita atender las necesidades públicas que sean de responsabilidad del servicio en forma continua y permanente", además de adoptar "todas las medidas necesarias que prioricen la atención de los ciudadanos"; un plan comunicacional para informar a la ciudadanía de los planes de contingencia "para orientar a la ciudadanía durante la paralización ilegal"; y aplicar un "sistema de control" que permita registrar las ausencias "injustificadas" de los funcionarios "para los efectos de aplicar descuentos por los días u horas no trabajados", reza el oficio.
"Esto deberá aplicarse desde el primer día de la paralización, y deberá considerar un sistema que permita acreditar que funcionarios no hayan desempeñado sus funciones en forma regular y continua, no obstante haber registrado su asistencia en los registros respectivos", complementa el documento.
Para justificar jurídicamente la medida, Hacienda e Interior se basan en el dictamen N° 74876 de 2011 de la Contraloría General de la República, que establece que si existen antecedentes "objetivos" que permitan demostrar que un empleado no ha trabajado –no obstante haber registrado su asistencia-, "podrán realizarse los descuentos remuneratorios en los términos que señale el artículo 72 del Estatuto Administrativo", señala el escrito.
"Un ejemplo de esto es verificar que no se ha atendido público, a través del sistema informático del servicio, mediante el registro de las operaciones de la jornada respectiva", complementan Interior y Hacienda.
El escrito es enviado a todos los ministros, subsecretarios, intendentes, gobernadores y jefes de servicio.
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