Ayer por la mañana el proyecto de ley de migraciones ingresó al Congreso, específicamente a la comisión de Gobierno de la Cámara de Diputados, sin ninguna urgencia para su discusión.
El texto confirmó los puntos que la autoridad ya había adelantado en la firma de la iniciativa el lunes, como la creación de nuevas categorías de ingreso, visas y un detalle de las condiciones y restricciones que enfrentarán los extranjeros que deseen ingresar y permanecer en el país.
Lo que llamó más la atención fue el informe financiero elaborado por la Dirección de Presupuestos (Dipres) que acompañaba al proyecto, ya que cifró en $ 134.044 millones (US$ 207 millones) el gasto fiscal anual asociado a los migrantes, pero no incluyó proyecciones de cómo cambiaría esa cifra una vez que el proyecto sea aprobado.
Del monto total calculado por la Dipres, el 48% responde a educación, 16% a salud, 6,4% a vivienda y 29,4% a institucionalidad (Departamento de Extranjería, complejos fronterizos, entre otros).
El informe señala que no es posible determinar el impacto total que tendrá la nueva ley en las arcas públicas y en particular en los beneficios sociales que entrega el Estado, debido a “eventuales regularizaciones en la situación migra toria de inmigrantes y/o por un incremento de la inmigración hacia Chile”.
El efecto del proyecto en el gasto fiscal que arrojó el informe fue de solo $ 193 millones en régimen, asociados a la creación del Registro Nacional de Extranjeros (81%) y a las mayores facultades de la Polícía de Investigaciones (19%).
Las dudas
“El no incluir en el informe financiero las estimaciones de mayor gasto fiscal a más de un año incumple con una antecedente fundamental para el análisis del proyecto de ley”, indicó el director del Observatorio Fiscal, Guillermo Patillo, para quien estos datos son indispensables en una política pública que tendrá efectos por períodos muy prolongados como éste.
“Es una omisión que el Congreso no debiese aceptar”, agrega el economista, y advierte que esto implica que la proyección de compromisos futuros para el fisco se hará “sobre una base más débil y menos transparente”.
La diputada RN, Paulina Núñez, sostuvo que la falta de proyecciones sobre el impacto fiscal de la iniciativa es preocupante, especialmente cuando la nueva ley impulsa la regularización de migrantes y el mismo informe reconoce que eso puede tener un impacto en el gasto público.
“No podemos cometer el error de comenzar a regularizar a todos los migrantes sin tener claro el gasto fiscal que eso va a implicar”, sostuvo la parlamentaria y ante eso aseguró que será una de las dudas que planteará al Ministro del Interior, Mario Fernández, en la interpelación del 5 de septiembre.
El presidente de la comisión de Gobierno de la Cámara, diputado Marcelo Chávez (DC), también mostró inquietud respecto de esta omisión y señaló que será uno de los aspectos a analizar en el debate del proyecto, que espera se inicie un día antes de la interpelación con la exposición del ministro Fernández ante la comisión.
Respecto a que el proyecto entrara sin urgencia, las opiniones están divididas: Chávez dice que es adecuado que se discuta con calma “sin que sea utilizado como herramienta electoral”, mientras que Nuñez insistirá en que se apure.
El Ministro del Interior (s), Mahmud Aleuy, reiteró que espera que la discusión termine en los próximos meses para que sea ley en este gobierno.
Privados valoran eventual alza en el tope a contratación de extranjeros
Un buen recibimiento tuvo en el sector privado la posibilidad de que el tope de contratación de extranjeros en empresas de 25 empleados o más aumente del actual 15% a 25%, como lo propone el proyecto de ley de migración.
El presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura, Ricardo Ariztía, celebró la propuesta ya que el 15% a veces el limitado, sobre todo en algunas comunas rurales donde ha aumentado mucho la llegada de inmigrantes y de aumentar el tope evitaría, por ejemplo, traer gente a través de contratistas cuando se supera.
"Esta medida abre otra oportunidad para hacer el trabajo de forma oportuna cuando hay falta de mano de obra, como lo requieren muchos productos perecibles que no permiten atrasos en las cosechas", indicó el ejecutivo.
Una visión similar tiene el secretario general de la Cámara de Comercio de Santiago (CCS), Cristián García-Huidobro, quien calificó el cambio como "acertado" y consistente con la lógica de internalización y apertura del país.
"Todos los sectores productivos, incluido el comercio, se debieran ver beneficiados por esta medida, ya que tiende a enriquecer y sofisticar la oferta de trabajadores en el mercado", dijo junto con enfatizar la relevancia del cambio en áreas específicas como las relacionadas a la economía digital, donde Chile presenta déficit de técnicos especializados.
Para el gerente de Estudios de la Cámara Chilena de la Construcción (CChC), lo expuesto en el proyecto es un avance, pero lo ideal hubiese sido que la nueva legislación entregara a los extranjeros las mismas opciones que a los chilenos en materia laboral. "Si a los inmigrantes se les permite trabajar pero las empresas mantienen cuotas para su contratación, los extranjeros tendrán menos posibilidades. Entonces, para qué los dejaste entrar si no hay trabajo", asegura.
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