A cinco días de terminar su mandato y, tal como lo anunció el lunes a través de una cadena nacional, la presidenta de la República, Michelle Bachelet, firmó el proyecto de ley para una nueva Constitución. El texto fue ingresado de inmediato al parlamento -aunque sin urgencia- y pasó en primer trámite a la comisión de Constitución del Senado.
En la ceremonia de firma, Bachelet destacó que el proyecto fue fruto de una reflexión que partió en octubre de 2015 y en el cual participaron más de 204 mil personas, “para que la nueva Carta Fundamental fuera una construcción colectiva, legítima y que nos permita asumir los nuevos desafíos del Chile de hoy”.
Entre los principales elementos del proyecto destacó el reconocimiento a los pueblos originarios, la prohibición de discriminaciones entre hombres y mujeres en materia salarial y cambios a las competencias y nombramientos de los ministros del Tribunal Constitucional (ver nota relacionada), entre otros.
Pero uno de los puntos que no había sido adelantado se relaciona con la simplificación de las normas para la autorización de la creación de empresas públicas, eliminando la exigencia de quórum calificado que tiene la actual Constitución.
“Esas actividades estarán sometidas a la legislación común aplicable a los particulares, sin perjuicio de las excepciones que por motivos justificados establezca la ley”, agrega el proyecto. Según el gobierno, este cambio responde a la potencialidad que puede tener el Estado realizando una actividad empresarial, lo que implicar el potenciamiento clave de industrias o servicios de nueva generación.
“Por ello, dejando atrás la desconfianza que subyace a las limitaciones actuales, se contempla que el Estado pueda desarrollar una actividad empresarial ‘con autorización legal’”, describió en la minuta del proyecto.
El abogado y académico de la Universidad de Chile, Luis Cordero, recuerda que desde 1980 se ha sostenido una discusión ideológica respecto del Estado “empresario”, y lo que hace la propuesta actual es volver a abrir el debate a una cuestión pragmática para el uso de empresas del Estado como vehículos de políticas públicas.
Y el empresariado, a nivel general, no recibió bien el contenido del proyecto. Así lo manifestó el presidente interino de la CPC, Manuel Melero, manifestó su preocupación porque “este tipo de cosas se hagan a último momento”. “Es preocupante que ocurran cosas de este tipo en nuestro Estado republicano, democrático”, agregó.
Presidente por seis años
También se propusieron importantes cambios para el poder Ejecutivo y legislativo. En el primero, el proyecto propone regresar a un período presidencial de seis años, como fueron los mandatos de Eduardo Frei Ruiz-Tagle y Ricardo Lagos.
“El Presidente de la República durará en el ejercicio de sus funciones por el término de seis años y no podrá ser reelegido ni postular nuevamente para este cargo”, plantea el texto.
Cordero calificó la propuesta como “sensata”, ya que en su opinión fue un error reducir el período presidencial a cuatro años. “Ha generado incentivo perversos para gestionar políticas públicas de largo plazo”, dijo.
Otro punto fue la eliminación del quórum supra-mayoritario de las leyes, dejando vigente solo la mayoría simple y mayoría absoluta.
En temas laborales, también destacó el reconocimiento constitucional al derecho de los sindicatos a la negociación colectiva (salvo excepciones definidas por ley) y el derecho a huelga, lo que fue valorado por el diputado PS, Osvaldo Andrade: “La huelga es un derecho establecido en todas las constituciones y en todas las normas internacionales. Es muy relevante poner eso al día”.
“Ese es un avance significativo, el derecho a huelga debiera haber estado consagrado en la Constitución”, coincidió el senador RN Andrés Allamand.
La mandataria también respondió a las quejas por lo que algunos calificaron como un envío “tardío” del proyecto, argumentando que el texto se elaboró con la “detención y madurez” necesaria para una tarea de tal envergadura. “Yo lo he dicho, vamos a gobernar hasta el último día. Así que eso no es algo que deba sorprender a nadie”, afirmó.
NM celebra fin al control preventivo de ley a cargo del TC
En medio del debate que generó el envío a última hora del proyecto de nueva Constitución al Congreso, en el oficialismo valoraron algunos de sus elementos, como es el caso de eliminar el control preventivo de algunas leyes a cargo del Tribunal Constitucional (TC), dado que para la Nueva Mayoría esa facultad ha permitido que la derecha utilice a este organismo como una verdadera "Tercera Cámara".
En este contexto, el diputado Daniel Núñez (PC), advirtió que el polémico rol preventivo del TC "es justamente lo que ha cercenado la soberanía popular en la democracia chilena", por lo que a su juicio es "fundamental" terminar con él. De hecho, el legislador tiene la convicción de que "muchas de las reformas emblemáticas de la Presidenta que se lograron aprobar quedaron relativizadas justamente por el papel del Tribunal Constitucional".
Por su parte, al presidente de la Comisión de Constitución de la Cámara Fuad Chahín, quien pese a tener la convicción de que el proyecto no tiene viabilidad, le parece "una muy buena medida" que se busque eliminar dicho control. Ello, porque ya existen herramientas en esa línea, como los "requerimientos que pueden formular diputados, senadores o el Presidente de la República, que son control previo" y a lo que se suma las inaplicabilidades, que son controles ex post.
El diputado también critica que en el último tiempo se ha dado, de parte del TC, "la mala práctica de extender la revisión a normas que no están consideradas por la Cámara de origen como orgánicas constitucionales", con lo que el TC, a su juicio, "se está arrogando atribuciones que no tiene".
Para el expresidente de la Cámara, Osvaldo Andrade (PS), poner fin al control preventivo al TC "es muy sano", ya que "el tribunal debiera pronunciarse respecto de presentaciones hechas por particulares sobre la constitucionalidad o no de las normas legales que se dictan y, en consecuencia, cuando el tribunal no hace eso, sino que se pronuncia previo a que una ley sea ley, finalmente se está constituyendo en una Tercera Cámara". El diputado Chahín coincide con esta idea.
Con una mirada técnica, el abogado Luis Correa coincide con que terminar con el control preventivo es la decisión correcta porque "evita la distorsión que genera la intervención del TC a consecuencia del proceso legislativo".
Desde el futuro oficialismo, el jefe de bancada de la UDI, diputado Javier Macaya, discrepa del planteamiento hecho en la Constitución. El TC, dice, "tiene que ver con vicios sustanciales o formales a nuestra Carta Fundamental" y, desde ese punto de vista, agrega, "tiene un rol distinto a una cámara política, tiene un rol de derecho estricto".
Derecha y DC descartan de plano que el proyecto tenga viablidad en el Parlamento
Como un "saludo a la bandera" calificaron desde la derecha el ingreso del proyecto de nueva Constitución al Congreso, pues no le ven ninguna viabilidad e, incluso, recibió críticas desde la Nueva Mayoría, en particular de la Democracia Cristiana.
Los cuestionamientos del oficialismo apuntan a no haber respetado los plazos que originalmente se impuso la propia presidenta Michelle Bachelet, lo que impediría la tramitación de la iniciativa.
El presidente de la Comisión de Constitución de la Cámara Baja, Fuad Chahín (DC), dijo que el envío ahora constituye "una falta de respeto" para quienes participaron en todo el proceso que se realizó. Ello, porque, la utilidad de la iniciativa será de "insumo para una discusión teórica académica, pero que todos sabemos que no tiene ninguna posibilidad ni siquiera de iniciar su discusión en el Congreso".
Una mirada contrapuesta tiene el diputado socialista Osvaldo Andrade, quien atribuyó las críticas tanto de la derecha como de la NM. "Las urgencias –a cargo del gobierno- tienen importancia relativa, porque si hay voluntad y convicción en el Parlamento para discutir un proyecto, tenga o no tenga urgencia uno lo puede poner en tabla, facultad que tiene el presidente de la comisión tanto como el de la Cámara".
Una postura distinta expresó el senador Ricardo Lagos Weber, quien planteó que "lo mejor hubiera sido entregarlo como ex Presidenta y dejarlo como una contribución al debate con aquellas fuerzas o los muchos chilenos que queremos una nueva constitución surgida plenamente en democracia. Creo que hubiera sido un camino mejor y menos cuestionado. No obstante, recordó que "había un compromiso presidencial de hacerlo. Puedo entender que se diga que fue enviado a última hora, pero aquí hay un proyecto, una propuesta que va a ser ciertamente un insumo importante para el debate que viene".
Desde la vereda del frente, el senador de RN Andrés Allamand, calificó la iniciativa como "un saludo a la bandera", pues "presentar proyectos que no van a ser siquiera posibles de tramitar es reírse de la seriedad del proceso legislativo".
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