El ministro del Trabajo, Osvaldo Andrade, junto al subsecretario de la cartera, Mauricio Jélvez, acudieron hoy a la comisión del trabajo de la Cámara de Diputados. para explicar ante los parlamentarios los resultados del informe llevado a cabo por la Contraloría, el que evidenció ciertas irregularidades en la repartición.
Las conclusiones de la investigación del ente fiscalizador arrojaron que en dicha cartera existen más de $ 6.800 millones sin ser rendidos entre los años 2003 y 2007, destinados a programas de empleos.
En el encuentro, que duró más de una hora, el secretario de estado explicó que de la totalidad de los recursos no rendidos identificados por la Contraloría, hasta junio de este año sólo
faltan por conciliar $ 3.213 millones.
Esta cifra se reduce, indicó el personero de gobierno, a US$ 2.684
millones si se consideran los programas que se encuentran en ejecución
durante 2007.
"Tanto es así que una parte de los recursos los hemos explicado, que no está rendida, pero sí los hemos explicado, porque están en procesos judiciales en curso. Hay otros casos en que hay recursos que se han retenido, porque las fiscalizaciónes que se han desarrollado vislumbran o señalan -no podemos afirmar-, que hay ciertas sospechas fundadas que podría haber un mal uso. En esos casos, no hemos girado los recursos", afirmó Andrade.
El secretario de estado recalcó que puede afirmar "con certeza que no existe ningún recurso que no tenga claridad respecto de cuándo se giró ni a quién se giró".
Por su parte, el diputado y presidente de la comisión, Nicolás Monckeberg (RN) sostuvo que "lo concreto también es que se confirmó el grueso de las rendiciones de cuentas pendientes, que corresponden al año 2005, año electoral, y el grueso también corresponde a la V Región, lugar que lleva los juicios por mal uso de los recursos públicos en campañas políticas".
El parlamentario declaró que esta situación "preocupa, es un hecho grave, y ojala aprendamos las lecciones, porque los recursos deben llegar a donde deben llegar".
Los legisladores de la Alianza no descartaron que entre las acciones de fiscalización se llegue a una acusación constitucional en contral del ministro del Trabajo, decisión que se tomará en los próximos días. En tanto, Andrade aseveró no sentir temor en caso de que se presente este escenario.
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