El ministro secretario general de la Presidencia (Segpres), Álvaro Elizalde, anunció que el gobierno buscará revertir en la Cámara de Diputados la indicación de parlamentarios opositores aprobada en el Senado -en el marco del proyecto que eleva las sanciones para tomas de predios en forma ilegítima (usurpaciones)- que permite la autotutela, por considerar que dicha medida fomenta el conflicto armado entre civiles.
Elizalde explicó que el proyecto en lo central califica de delito de carácter permanente las usurpaciones “con el objeto que sea el Estado a través de las policías o por decisión de los jueces, pudiera resolver el conflicto. Y eso contó con apoyo transversal en el Senado”.
Y precisó que “la crítica a lo aprobado por el Senado tiene que ver con lo relativo a la normativa adicional que incorpora la autotutela y la justicia con mano propia, el conflicto entre civiles por la vía de la fuerza para resolver conflictos en el ámbito del Derecho. Eso va en contra de la tradición jurídica de nuestro país y en contra de principios civilizatorios fundamentales”.
Por lo mismo, adelantó que “no queremos que los conflictos entre chilenos se resuelvan por la vía de la fuerza, queremos que sea el Estado el que a través de las instituciones resuelva esos conflictos conforme a Derecho. Por eso insistiremos en la Cámara de Diputados con indicaciones que permitan que este proyecto cumpla con estándares civilizatorios básicos, en donde el imperio del Derecho le compete a las instituciones a cargo”.
La iniciativa pasó a segundo trámite a la Cámara de Diputados. Regula los delitos de ocupaciones ilegales de inmuebles, fija nuevas penas y formas comisivas e incorpora mecanismos eficientes de restitución.
Entre sus principales objetivos están sancionar con presidio toda hipótesis de usurpación; extender el período de flagrancia tratándose de este delito; permitir, tanto durante la investigación del delito como al presentarse demanda civil, la restitución anticipada del inmueble ocupado; y autorizar la aplicación de técnicas especiales de investigación en la persecución de las usurpaciones.
Asimismo, busca castigar con penas de presidio la celebración con engaño de compraventas o arrendamientos de sitio ocupado ilegalmente; modificar la Ley General de Urbanismo y Construcciones para sancionar al ocupante ilegal que pretenda transferir el dominio de lotes de terrenos tomados; incorporar restricciones en las normas para regularizar la pequeña propiedad raíz mientras exista juicio pendiente por usurpación; y hacer inaplicables las reglas sobre detención y flagrancia contenidas en esta iniciativa respecto de quienes habitan en campamentos catastrados hasta el año 2022.
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