Por estos días, en el marco de la tramitación y votación del proyecto de royalty en el Senado, ha sido tema la posibilidad de que el senador Rojo Edwards haga reserva de constitucionalidad por la iniciativa, ante el Tribunal Constitucional (TC), lo que desde el oficialismo atribuyen a un interés personal por defender a las grandes mineras, pero también a la actitud más dura que estaría tomando su sector a raíz del buen resultado en las elecciones de consejeros constitucionales, el domingo.
Consultado por Diario Financiero sobre el tema, el senador explicó que la postura de los republicanos en el Senado –además de él, la senadora Carmen Gloria Aravena– es que la moción parlamentaria que se viene tramitando desde el gobierno de Sebastián Piñera presenta vicios de constitucionalidad de fondo y de forma. “Es totalmente inconstitucional, por cuanto se crea a través de una moción parlamentaria durante el gobierno pasado”, detalla Edwards.
Según el parlamentario opositor, la Constitución es clara respecto de que las materias relacionadas con impuestos que son de exclusividad del Presidente de la República, por lo que a su juicio ha sido tramitado de manera ilegal, aunque admite que en su momento se votó la admisibilidad de la iniciativa y fue declarada admisible.
Y lo que hizo el Gobierno del presidente Boric fue patrocinarlo a través de una indicación sustitutiva. Sin embargo, para el senador, el proyecto está viciado desde su inicio. Pero, además, reconoce, que está en contra de la iniciativa, porque la considera mala para Chile.
No obstante, consultado acerca de si efectivamente lo llevará al TC, aclara que, “no, no sé si lo lleve al tribunal, no sé si tenga las firmas. Habrá que verlo y eso dependerá de los votos que hay en la Cámara, para efectos de conseguir las firmas”. Pero asegura que la postura de rechazar el proyecto fue “conversada con la senadora (Aravena) acá y con los diputados a cargo. Hay coincidencia de que es una tramitación inconstitucional, pero no hemos decidido si es que vamos a hacer una presentación ante el TC o no, eso no está decidido”. Incluso añade que no cree que “haya nadie intelectualmente honesto” que diga que la tramitación de la iniciativa no es inconstitucional.
Prestigio de Marcel en juego
Para el senador republicano, la disyuntiva en esta materia es si todos están dispuestos o no a respetar la Constitución y que las reglas deben ser iguales para todos. Entonces, “como esto es evidentemente inconstitucional en su gestación, lo que el Gobierno tiene que hacer, si quiere que creamos que respeta la Constitución, es botar este proyecto y presentar uno nuevo que sea un mensaje”, con lo que debería iniciar nuevamente la tramitación.
En el contexto de que el Gobierno, desde su punto de vista, elude las reglas, Edwards comenta que “el ministro de Hacienda, en la tramitación de la Ley de presupuestos, hizo un cambio legal vía una glosa presupuestaria, que también es inconstitucional. Entonces, el ministro de Hacienda también tiene que saber que su prestigio, como una persona que respeta las reglas, también está en juego”.
El senador asegura que estas inquietudes se las ha manifestado al Gobierno “fuerte y claro, en privado y en público”.
Y consultado acerca de las críticas que se le han hecho respecto de que su interés es defender a las grandes mineras, responde con ironía que “si me conocieran más, dirían cosas peores”.
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