“Yo prefiero abrir esta discusión que cerrarla”, señaló el presidente de la comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, Matías Walker (DC), respecto al controvertido proyecto de impuesto a los altos patrimonios que comenzará su debate legislativo la próxima semana.
“Se va a comenzar a discutir la próxima semana. La idea es ponernos de acuerdo entre los miembros de la comisión sobre cómo vamos a terminar ese proyecto, entendiendo que es muy controvertido”, manifestó en conversación con Radio Duna.
El legislador aclaró que en la instancia lo más importante es el estudio desde la perspectiva constitucionalista, en donde la duda surge a raíz de que “es inédito en nuestro país que se intente establecer vía Constitución, vía artículo transitorio, un impuesto porque los impuestos tienen una base legal y son de iniciativa exclusiva del Ejecutivo, salvo que la propia Constitución se remita a la Ley y diga: excepcionalmente con motivo a la pandemia se establece por única vez… bueno, eso es parte de la discusión”.
El cronograma a priori que Walker propondrá en la comisión es que en tres o cuatro sesiones se escuche a abogados constitucionalistas, economistas y representantes de los gremios empresariales como Sofofa y la CPC, de trabajadores como la CUT y al propio Gobierno.
“En medio del estallido social, el año pasado -en medio de las elecciones de la CPC- esto fue motivo de debate. Incluso se planteó por parte de algunos empresarios establecer un impuesto al patrimonio de 1% por única vez. Entonces queremos tener ese debate y escucharlos ”, comentó.
Otra visión es la postura que tenga el Ejecutivo. En específico, mencionó la alternativa de hacer una propuesta vinculada a fortalecer el pilar solidario en pensiones: “Después del debate del 10% yo espero que se llegue a un acuerdo en el Senado en base a tener un gran acuerdo en pensiones. Eso pasa necesariamente por fortalecer el pilar solidario y el tema es cómo se financia eso después de la crisis económica que estamos enfrentando”
Esta reforma constitucional propuesta por un grupo de parlamentarios de oposición establece un impuesto de 2,5% al patrimonio bruto de las personas naturales con domicilio en Chile, titulares de bienes y derechos, en el medio local o en el extranjero al cierre de 2019, equivalentes o superior a US$ 22 millones. La iniciativa abre un nuevo flanco de conflicto legislativo para el Gobierno.
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Esto porque si bien podría haber sido declarada inadmisible, fue acogida por la mesa de la Cámara de Diputados que actualmente lidera el RN Diego Paulsen.
La Comisión de Constitución está integrada por dos diputados UDI (Jorge Alessandri y Juan Antonio Coloma), tres RN (Camila Flores, Gonzalo Fuenzalida y Paulina Núñez) y un Evópoli (Luciano Cruz Croke). Ellos conforman los partidos de la coalición del Gobierno. Mientras que por el lado de la oposición están Gabriel Boric de Convergencia Social, un PC (Hugo Gutiérrez), dos PS (Marcos Ilabaca y Leonardo Soto) y un PH (Pamela Jiles). A todos ellos se suma el independiente René Saffirio.
A diferencia de la reforma constitucional que permitió el retiro del 10% del ahorro para pensiones este debate se ve más complejo. Esto porque, según explicó Walker, los fondos de pensiones no están en la Constitución sino que son regulados por leyes, a diferencia de lo que ocurre con los tributos que directamente están regulados en en la Carta magna. A ello se suma que la Constitución es muy exhaustiva en regular el derecho a propiedad, por lo que la modificación requiere de un mayor quorum.
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